Las instituciones en España no parecen atravesar su mejor momento. La
crisis ha desvelado su deterioro aunque pocos se atrevan a señalar, como en el
cuento, la desnudez del emperador. La crítica situación actual de la atención
primaria no es más que el reflejo de ese deterioro institucional. Las instituciones en general, y especialmente las
públicas, pierden legitimidad cuando son incapaces de hacer individualmente
atractivo lo socialmente conveniente. La situación actual de debilitamiento y
deterioro de la atención primaria es fruto del abandono por inacción continuada
de nuestras instituciones políticas, sanitarias y académicas que han hecho bien
poco en las últimas dos décadas para que nuestra atención primaria sea
individualmente más atractiva siendo, como es, socialmente muy conveniente.
Pero
no sólo ha habido inacción, pasividad y desdén. En el extremo, las
instituciones se corrompen cuando en vez del bien común de lo socialmente
conveniente procuran el suyo propio o el de determinadas élites influyentes. Y
eso es, sencillamente, lo que ocurre cuando las instituciones políticas,
académicas y sanitarias pasan a la acción mediante actuaciones que deterioran y
debilitan todavía más a la atención primaria. El deterioro institucional se
agranda y su linde con la corrupción se difumina.
Quizá el asunto tenga que ver con los orígenes totalitarios de nuestra
sanidad pública que diseñaron, promovieron y mantuvieron una auténtica
dualización de la misma. Con estos orígenes y dualización pretendió romper la
Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. La norma
mandaba integrar en lo que se iba a llamar Sistema Nacional de Salud (SNS) la
asistencia sanitaria de todos los ciudadanos cubiertos hasta entonces por los
diversos subsistemas de financiación pública existentes. Pero la LGS se
incumple desde entonces por la inacción de unas instituciones demasiado
sensibles al interés de unas élites influyentes. Como consecuencia, muchos de
estos subsistemas originados en el franquismo persistieron hasta fechas
recientes y algunos, como Muface, Isfas y Mugeju, persisten todavía en la actualidad. No es ninguna casualidad que de entre todos los
subsistemas financiados públicamente persistieran aquellos que gozaban de
provisión privada (1).
En el ámbito nacional destacaron, entre otros,
subsistemas como el de las Empresas Colaboradoras (1966-2008) y el Mutualismo
Administrativo de Mumpal (1960-1993), Muface (1975), Isfas (1975) y Mugeju
(1978). De todos ellos, persiste el de Muface, Mugeju e Isfas con poco más de 2
millones de beneficiarios. En el ámbito autonómico destacaron, entre otros,
subsistemas como el de la Asociación de la Prensa de Madrid (1973- 2016), o el
de los Montepíos de la Administración Pública de Navarra (1973-2015).
La persistencia de
estos subsistemas no sólo incumple la LGS, también genera problemas de equidad
y eficiencia. En primer lugar, produce
desigualdades no relacionadas con la necesidad sanitaria en la provisión,
estabilidad del aseguramiento, cartera de servicios, copago, acceso y
utilización de los servicios sanitarios financiados públicamente. En
segundo lugar, favorece la selección de riesgos clínicos (2) o farmacéuticos (3) debido a duplicidades legales o ilegales de cobertura
o a la capacidad que tienen sus beneficiarios para elegir entrar y salir de
estos subsistemas para cambiarse al SNS o regresar de nuevo a ellos, en
cualquier momento y a conveniencia.
Otra consecuencia
es el descremado sociológico de la
atención primaria secundaria a esta dualización (4). En efecto, estos
subsistemas conllevaron una atención sanitaria de provisión privada financiada
con dinero público pero sin atención primaria. A ellos accedieron, y todavía
acceden, sectores sociales relativamente privilegiados, con mayor nivel
educativo, de renta, y con mayor peso e influencia política y mediática.
Sectores que no se han sentido nunca concernidos por los problemas de la
atención primaria, sencillamente porque la misma nunca figuró en el esquema de
atención de estos subsistemas cuyos beneficiarios consultan directamente a la
medicina especializada privada cuando y cuanto estiman conveniente, en un contexto
de pago por acto con cargo al erario público.
Esta dualización ha privado a la atención primaria del potente estímulo a
la mejora de la calidad del servicio que ejercen los usuarios más exigentes,
influyentes e informados. Piénsese, por ejemplo, en la tipología del colectivo
mutualista: jueces, secretarios judiciales, profesores de todos los niveles
educativos, investigadores, altos cargos de la administración central, mandos
de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, oficiales de las fuerzas
armadas, inspectores de trabajo y de hacienda, diplomáticos, etc.
Los recortes de la crisis, mucho más
intensos en la atención primaria que en la especializada (5), han servido para que se quitaran definitivamente la
careta quienes deciden dónde va el dinero. No han querido nunca a la atención
primaria. Sólo la consideran un dique de contención hacia especializada y una
asistencia de bajo nivel para "la gente", no para ellos. Además de
incumplir durante décadas la LGS, mantuvieron y ampliaron los beneficios
fiscales a la compra de seguros médicos privados cuyo coste fiscal estimado
(dinero no ingresado vía impuestos) es de 1.000 millones de euros anuales (6). Sabemos que el menor uso del sistema público que
hace la población con seguro privado (7) no compensa el coste de su incentivación fiscal pues
la pérdida de ingresos fiscales por la desgravación es mayor que el aumento de
gasto sanitario público que produciría su ausencia (8).
El resultado es que más de 10 millones de
españoles (sin contar los 2 de mutualistas ni los más de 4 con pólizas
dentales) tienen algún tipo de seguro médico privado que compran no precisamente
para cubrir el eventual ingreso hospitalario. Lo hacen para esquivar las
esperas de la parte ambulatoria del sistema y evitar tener que acudir a un
médico de familia al que ven como un obstáculo que les dificulta el acceso a
los "verdaderos" especialistas, tal y como muestra el propio
Barómetro Sanitario (figura) (9). Y así, es privado sólo el 7% del gasto sanitario
hospitalario en España, mientras que es privado el 50% del gasto en atención
ambulatoria (que incluye la atención primaria) (10). Esto indica sencillamente que el hospital público es
universal en la teoría y en la práctica, efectivamente universal, aceptado y
utilizado por todas las clase sociales. Algo que no le pasa a la atención
primaria que ya se ha convertido en una especie de beneficencia
"ampliada" evitada por casi todo el que puede.
Figura. Enunciado y respuestas a la Pregunta 5A del último Barómetro Sanitario (2018).
Fuente: Barómetro Sanitario 2018. Resultados totales. Ministerio de Sanidad. Referencia bibliográfica nº 9.
Y por si todo esto fuera poco, pusieron en
marcha hace muchos años las “regalías sanitarias” mediante las cuales se gastan
anualmente decenas de millones de euros públicos en regalar seguros médicos
privados a miembros o empleados (y familiares) de instituciones, empresas u
organismos públicos (Banco de España, Televisión Española, Ayuntamientos,
Cabildos, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos, etc.) pese a estar cubiertos
por el SNS y su atención primaria (11).
¿Cómo van a querer la atención primaria si
hasta Muface presume de tener un Gobierno de funcionarios? (12). ¿Cómo van a querer a la atención primaria si gran
parte, y creciente, de los diputados del Congreso son funcionarios? (13, 14). También los parlamentarios autonómicos (15). No sorprende, pues, que el Mutualismo no haya
sufrido recorte alguno por persona protegida durante la crisis (16) o que los seguros médicos privados vivan sus mejores
años (17).
El
deterioro institucional actúa como un Robin Hood inverso: mete la mano del
copago en el bolsillo de los pensionistas al tiempo que incentiva fiscalmente (o
regala) unos seguros médicos privados que compran (o reciben) sujetos más
ricos, jóvenes y sanos que los pensionistas. La solución no es retirar el
copago, sino retirar los beneficios fiscales a quienes compran estos seguros y,
por supuesto, no regalarlos a miembros o empleados de instituciones u
organismos públicos.
La
evidencia disponible (18, 19, 20, 21, 22) muestra diferencias
en la visita ambulatoria al médico especialista y al médico de familia
relacionadas con la renta de los individuos: mayor utilización del primero y
menor del segundo en los sujetos de más renta, y viceversa. Los datos más
recientes muestran (23) que son de clase
media-baja el 70% de quienes sólo tienen la sanidad del SNS. Mientras que son
de clase media-alta el 87% de los mutualistas y el 68% de quienes disfrutan de
un seguro médico privado. Estos dos últimos grupos consultan menos al médico de
familia pero más al especialista que quienes sólo tienen la sanidad del SNS,
pese a ser más jóvenes, sanos, ilustrados y ricos (23).
Como vemos, los sectores sociales más
pudientes e influyentes sobre la opinión y el poder públicos tienen una vía de
“escape”, directamente pagada o subvencionada
fiscalmente con dinero público, como alternativa a la atención primaria. Se
genera así el descremado sociológico
de la misma. Promovido por la crónica dualización sanitaria y potenciado
durante las últimas dos décadas por la incentivación fiscal al seguro médico y
por las “regalías sanitarias”. Un descremado
permitido y agrandado por las instituciones, regado siempre con dinero público y
causa principal del deterioro y debilitamiento de la atención primaria.
Y una atención primaria débil no puede
contrarrestar correctamente la ley de cuidados inversos ni los efectos de una
medicina de excesos (sobrediagnóstico, sobretratamiento, cascadas iatrogénicas,
etc.) cada vez más prevalente en el sistema por la creciente fragmentación
asistencial y mayor derivación entre servicios. Se resienten así la equidad y
la calidad del sistema que ya padece un claro trastorno por déficit de atención
(primaria) con hiperactividad (hospitalaria).
La inacción institucional es permisiva,
cuando no culposa por acción, del paulatino proceso de deterioro por abandono
de la atención primaria. La misma inacción que nos avergüenza de ser, junto con
Italia, los únicos países europeos que a estas alturas del siglo XXI no tienen
ningún departamento universitario de medicina de familia o de atención primaria
(24). Pese a ello, los
estudiantes de medicina valoran mucho sus prácticas en los centros de salud,
más incluso que las que hacen en el hospital (25), pero al elegir especialidad prefieren el hospital al
centro de salud (26).
Por tanto, el genotipo de nuestra sanidad pública ha cambiado poco. Su
esencia sigue siendo la misma y permanece prácticamente igual que hace 40 años.
Lo que sí ha cambiado, y mucho, es su fenotipo; es decir, su apariencia. De
hecho, tenemos 17 fenotipos. Esta profusión fenotípica con su autobombo
propagandístico consigue que la esencia del sistema parezca lo que no es:
universal, igual para todos, basado en la atención primaria y el médico de
familia como "figura fundamental" (27). Pero no es así y el
espejismo se agranda conforme transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque la
atención primaria no está en el genotipo del sistema. Ausente del núcleo del
mismo, la atención primaria y, con ella, el médico de familia, flotan en el
citoplasma del sistema como lo hacía hasta 1989 aquella Beneficencia para
pobres que es en lo que, prácticamente, se ha convertido ya nuestra atención
primaria.
Urgen medidas institucionales que miren
por el bien común y no por el de privilegiados colectivos. Las instituciones
políticas, académicas y sanitarias deben establecer medidas que hagan
individualmente atractiva la atención primaria, no sólo para los ciudadanos
también para los profesionales, pues socialmente ha mostrado sobradamente su
conveniencia en términos de equidad, resultados en salud y en eficiencia para
el sistema y la población, lo que le ha valido una muy alta valoración en la
investigación internacional comparada en servicios de salud en Europa (28). La atención primaria ha de ser para todos o nunca
será.
Referencias bibliográficas
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3. Simó J. Copago en farmacia de
receta en la sanidad pública española: certezas, riesgos y selección de
riesgos. Aten Primaria. 2015; 47:669-673. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-copago-farmacia-receta-sanidad-publica-S0212656715002504
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Disponible en: https://docs.wixstatic.com/ugd/333ecd_dc98a91d35f94799a4e21f3a03ccc9be.pdf
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6. Simó J. Blog Salud,
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7. López Nicolás A. Seguros sanitarios y gasto público en España. Un modelo
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10. Ministerio de Sanidad. Sistema de Cuentas en Salud (SCS). Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/SCS.htm
11. Simó J. Blog Salud,
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13. La mayoría de los diputados son funcionarios y abogados. Cadena Ser.
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17. Los seguros
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Disponible en: https://www.eleconomista.es/salud-innovacion/noticias/9097463/04/18/Los-seguros-de-salud-en-Espana-viven-sus-mejores-anos.html
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27. Real Decreto 3303/1978,
de 29 de diciembre, de regulación de la medicina de familia y comunitaria como
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Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1978/12/29/3303
28. Kringos D, Boerma W, Hutchinson A, Saltman R.
Building primary care in a changing Europe. World Health Organization. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154350/BuildingPrimaryCareChangingEurope.pdf;jsessionid=5467050CA26256F6F3BC6911F920F9F3?sequence=1
¿Cómo salir del sentimiento paralizante que provoca el crudo análisis de la realidad?
ResponderEliminarYo, sin duda será ceguera, solo veo dos soluciones o dos salidas, una macro, dependiente de la inteligencia y sentido estratégico a largo plazo de políticos. Bastan 7 medidas ("La Sanidad Eludida"). y otra, meso-micro, dependiente de la transformación del comportamiento profesional en base al conocimiento "Centros en Transición(c)".
Son dos opciones. Sin duda habrá más, pero no voy a esperar a que otro me las dé.
ART
De acuerdo en casi todo.... Pero lo cierto es que la ley general de sanidad nunca ordenó la integración de las Muface en SNS sino que en su disposicion final 2 habla de "armonizar y refundir" sus regímenes de asistencia con SNS, que es diferente. Por otra parte, las leyes SNS hablan de AP, urgencias, especializada, etc pero nunca de tener asignado un médico de cabecera. Y así nos va. LO QUE DE VERDAD NO CUMPLE EL MODELO MUFACE ES CON LA LEY DEL PACTO DE TOLEDO QUE OBLIGA a diferenciar sus actuales fuentes de financiación, que siguen manando de cotizaciones sociales,....... y de esos polvos económicos vienen aquellos lodos de duplicidades y acceso privilegiado a especialistas
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