En esos momentos, no podíamos imaginar las consecuencias que acarrearía esta nueva amenaza vírica para las personas más vulnerables, especialmente, para quienes vivían en residencias. Solo un dato: España figura en los primeros puestos del ranking europeo de fallecimientos durante la pandemia y todavía más arriba en los porcentajes de fallecidos en residencias de personas mayores.
En este escrito reclamábamos la revisión urgente de nuestro modelo de cuidados de larga duración para así poder dar respuestas diversas, globales y ecosistémicas adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas. Nuestra intención era no solo evitar en el futuro situaciones semejantes a las vividas, sino también generar reflexión sobre el rumbo que debería orientar dicha transformación, situando en todo momento a las personas en el centro de la atención, protegiendo sus derechos y apoyando vidas que merezcan la pena ser vividas.
En los dos últimos años se ha ido generando abundante reflexión y propuestas documentadas desde todos los ámbitos concernidos en este complejo asunto: personas mayores y familiares afectados, profesionales procedentes de diversas disciplinas, asociaciones e instituciones diversas que se han posicionado en defensa de los derechos de las personas, víctimas de un sufrimiento injustificable y excesivo.
Las residencias se han situado en el foco de la atención porque, junto con el elevado número de fallecimientos y el sufrimiento experimentado, ha aflorado nuevamente ese rechazo histórico a estos recursos por buena parte de la ciudadanía. Lo cual no significa dejar de reconocer el inconmensurable esfuerzo y entrega de los miles de profesionales y de familias que han puesto en riesgo su salud y sus vidas por garantizar un cuidado digno a las personas que acompañan.
En este contexto de crisis, la acción de organismos internacionales como la OMS o la UE no se ha hecho esperar. En este último caso, la aspiración de favorecer esa transformación de los cuidados de larga duración ha venido acompañada de recomendaciones claras y explicitas por parte del órgano comunitario, así como de importantes dotaciones de fondos (Next Generation) destinadas a hacer posible un cambio de modelo que reclama un giro en un doble sentido.
- Por un lado, un desarrollo decidido de los servicios domiciliarios, coordinados en el ámbito comunitario, integrando apoyos flexibles y diversos -además de los clásicos sociales y sanitarios- de modo que se pueda garantizar lo que las personas deseamos, que no es otra cosa que poder permanecer en nuestro entorno y en conexión social.
- Por otro lado, afrontar un proceso de desinstitucionalización, el cual es exigido en el art. 19 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2007). Una propuesta que pretende transformar las actuales plazas residenciales en entornos domésticos, hogareños, modulados en grupos pequeños de personas en situación de dependencia grave y, cómo no, disponiendo progresivamente de más habitaciones individuales, elemento esencial para garantizar la intimidad de quienes allí viven.
Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, se ha trabajado con un claro compromiso en esta línea, siguiendo las recomendaciones europeas y poniendo a disposición los deseados fondos económicos que contribuyan a afrontar este itinerario, complejo, largo, lleno de incertidumbres, pero claramente dirigido a mejorar el bienestar de las personas.
Pretender lograr un acuerdo nacional de criterios mínimos para la acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, ha sido un planteamiento valiente y necesario. El proceso seguido en estos meses, de gran complejidad por la diversidad de miradas e intereses, ha contado con la participación de diferentes agentes y ámbitos y se ha caracterizado por la escucha.
El actual borrador de acuerdo, con sus luces y sus sombras, supone un salto cualitativo frente al modelo que todavía prevalece en el sector. Sin embargo, parece que hasta el momento no se ha conseguido el imprescindible consenso que permita avanzar desde realidades diferentes hacia un mismo propósito.
Esta situación actual de bloqueo nos preocupa enormemente y, de nuevo, desde nuestro compromiso profesional y ciudadano, queremos compartir nuestra alarma. Porque no llegar a un acuerdo implicaría renunciar a una oportunidad, quizás única, que la pandemia, visibilizando las carencias ya conocidas por muchos, nos ha posibilitado.
Por esto, a través de este escrito queremos hacer una llamada a la reflexión, al compromiso con las personas y a la altura de miras. Necesitamos afrontar un proceso de transformación serio, honesto, sin interferencias ni intereses políticos ajenos a este asunto. Hay quienes consideran que las propuestas son insuficientes, pero hay que tener en cuenta que partimos de muy atrás, de un modelo sumamente insatisfactorio e inadecuado y de unas enormes dificultades para avanzar. En todo caso, lo que no es admisible admitir, como se ha escuchado en estos días por parte de algunas voces que, en realidad, el modelo actual no precise cambios. ¿Nos hemos ya olvidado de las muertes y de las carencias visibilizadas? ¿Obviamos la evidencia científica existente sobre las limitaciones de los macrocentros para ofrecer un buen cuidado? ¿Estamos dispuestos a seguir ignorando el necesario avance en competencias profesionales y en su correspondiente remuneración y mejora de las condiciones de vida y trabajo? Y sobre todo ¿dónde queda la dignidad, el bienestar, la salud y la autonomía de los ciudadanos que viven en residencias?
No cabe aceptar incongruencias entre discursos declarativos sobre la necesidad del transformar el actual modelo de cuidados y decisiones posteriores orientadas desde otros intereses. Estamos ante un cambio que obviamente precisa de una financiación suficiente, pero sin olvidar que esta debe ir necesariamente ligada al control de la calidad dispensada, de la garantía de los derechos de las personas que necesitan cuidados, promoviendo el desarrollo profesional, el trabajo decente y permitiendo la real participación de las familias en los centros.
Exigimos, por tanto, que los responsables políticos promuevan y lideren este necesario cambio cultural, alcanzando los consensos imprescindibles para desarrollar un sistema de cuidados de larga duración equiparable al de nuestros homólogos europeos.
Es momento de compromiso real, de decisiones basadas en el conocimiento, de altura de miras y de poner, de verdad, a las personas en el centro de las prioridades políticas. Porque las personas lo merecemos. Porque el cuidado ha de ser entendido como un asunto social, ético. Y por tanto del máximo interés y responsabilidad política.
- Mayte Sancho Castiello. Psicóloga gerontóloga.
- Teresa Martínez Rodríguez. Dra. en Ciencias de la Salud, psicóloga gerontóloga. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
- Pura Díaz-Vega. Psicóloga gerontóloga.
- Dolors Comas d´Argemir. Antropóloga. Catedrática emérita de la URV.
- Adelina Comas Herrera. Economista. London School of economics.
- Gerardo Amunarriz Pérez. Dr. en Economía. Director General de Matía Fundazioa.
- Fernando Fantova Azcoaga. Dr. en Sociología. Consultor social.
- Pilar Regato Pajares. Médica de Atención Primaria de Salud. Responsable del grupo de personas mayores de la SEMFYC.
- María Izal Fernández de Troconiz. Dra. en Psicología. Catedrática. UAM.
- Ignacio Montorio Cerrato. Dr. en Psicología. Catedrático. UAM.
- Joseba Zalakain Hernández. Periodista. Director del SIIS.
- Victoria Zunzunegui Pastor. Dra. en Epidemiología. Profesora honoraria de la U. Montreal.
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