"Pedimos el cuarto de invitados y nos dan la caseta del perro". Esta memorable frase salió de Unidas Podemos (UP) cuando, en julio de 2019, ante las peticiones de ministerios de peso como por ejemplo el de Hacienda ("el cuarto de invitados"), los socialistas ofrecieron el de Sanidad ("la caseta del perro") junto con otras competencias (igualdad, vivienda) (aquí). Esto ocurrió hace 4 años y, ante el desencuentro, se tuvieron que repetir elecciones. ¿Cómo pasar de la "caseta del perro" al "cuarto de invitados" sanitario?
¿Ninguna responsabilidad del Gobierno en Sanidad?
Sabemos que la sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA) y que, al menos desde 2002, el Gobierno de España no gestiona directamente el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, y en primer lugar, sí tuvo durante muchos años responsabilidad directa en dicha gestión que perdió progresivamente a medida que se iban transfiriendo las competencias en salud a las diferentes CCAA. En segundo lugar, todavía hoy el Gobierno de España es directamente competente en la gestión de la asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface Isfas y Mugeju) y de la asistencia sanitaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (INGESA). Alguna responsabilidad tiene como Gobierno y como Ministerio de Sanidad con las competencias propias no transferidas. ¿No tiene ninguna responsabilidad el Gobierno central en la orientación (rumbo) de la política sanitaria? La tiene, por supuesto que la tiene. Si no la tuviera, como dice Bengoa, no haría falta ningún Ministerio de Sanidad, bastaría con una Dirección General...
Sabemos que la sanidad está transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA) y que, al menos desde 2002, el Gobierno de España no gestiona directamente el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, y en primer lugar, sí tuvo durante muchos años responsabilidad directa en dicha gestión que perdió progresivamente a medida que se iban transfiriendo las competencias en salud a las diferentes CCAA. En segundo lugar, todavía hoy el Gobierno de España es directamente competente en la gestión de la asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface Isfas y Mugeju) y de la asistencia sanitaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (INGESA). Alguna responsabilidad tiene como Gobierno y como Ministerio de Sanidad con las competencias propias no transferidas. ¿No tiene ninguna responsabilidad el Gobierno central en la orientación (rumbo) de la política sanitaria? La tiene, por supuesto que la tiene. Si no la tuviera, como dice Bengoa, no haría falta ningún Ministerio de Sanidad, bastaría con una Dirección General...
Un Ministerio que oriente la política sanitaria y un SNS con personalidad jurídica propia
Más de dos décadas después de finalizado el proceso de transferencias, la concepción del SNS sigue sin ir más allá de la suma de unos servicios autonómicos de salud que, en su mayoría, ni siquiera existían cuando se promulgó la Ley General de Sanidad de 1986. La práctica invalidez del Ministerio de Sanidad como órgano del Gobierno para la dirección de la política sanitaria se debe a la mala definición legal de su papel en la coordinación de los servicios sanitarios asignado por la Constitución. Necesitamos una nueva Ley General de Sanidad (LGS) que, entre otras cosas, mejore y actualice esta concepción «sumatoria» del SNS y dote al mismo de personalidad jurídica propia que permita su auténtica gestión, sustituida ahora de facto por la de 17 servicios de salud autonómicos de funcionamiento casi independiente y de tendencia a la confederación. Necesitamos una nueva LGS de orientación federal (aquí) que refuerce el Ministerio de Sanidad como órgano de gobierno y dirección de la política sanitaria del país. Un Ministerio de Sanidad como exclusivo actor competente en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria (y no la Seguridad Social). Un Ministerio de Sanidad con exclusiva jurisdicción sobre el anacrónico Mutualismo Administrativo (Muface, Isfas y Mugeju), ahora en manos de tres ministerios diferentes (Administraciones Públicas, Defensa y Justicia). Un Ministerio de Sanidad que regule la extinción del Mutualismo (por, entre otras razones, su contribución al descremado sociológico de la atención primaria) o, alternativamente, lo extienda a toda la población. Un Ministerio de Sanidad que acabe con la incentivación fiscal del seguro médico privado (por beneficiar especialmente a las clases altas o medias) o lo incentive fiscalmente únicamente para las clases menos favorecidas.
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