Nada de esto ocurrió en España. El Ministerio de Sanidad español llegó a anunciar que contemplaba la movilidad intercomunitaria de pacientes y el Ministerio de Fomento dijo haber medicalizado vagones de tren que, sin embargo, nunca fueron usados. La falta de protocolos claros y conocidos dejó los casos de traslados entre comunidades en anecdóticos. En Murcia se recibieron dos pacientes de Albacete. El préstamo de equipamientos sanitarios tampoco fue un recurso optimizado. El presidente gallego Núñez Feijoo tuvo que defender en el parlamento de Galicia la decisión de enviar respiradores a Madrid en el pico de la crisis. Le reñía Antón Sánchez, el portavoz del Grupo Común da Esquerda: la izquierda.
Evitemos la demagogia. Trasladar un paciente a larga distancia no es fácil y a menudo ni siquiera es aconsejable. Pero si hay un país donde hubiera ayudado la existencia de protocolos que lo facilitaran ese es España. Pero España, como quien dijo, is different. En 2018, el Congreso tumbó, con los votos en contra de PSOE, Podemos y los grupos nacionalistas, la propuesta de Ciudadanos de crear una tarjeta sanitaria única y un historial clínico digital accesible desde cualquier punto del país. No es que la propuesta se juzgase centralista, que también: es que se juzgó “retrógrada”: “Qué poco entiende usted el Estado autonómico”, reprochó la representante socialista a Francisco Igea, a la sazón portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria. Cierto: los sistemas pueden ser “interoperables”, pero mejor que eso, para facilitar la vida al usuario, es que sean comunes. Pero “común” es, ay, la palabra tabú en España, que enciende todas las sirenas, eriza todos los cabellos, borra todas las sonrisas y amotina, ay, a todas las izquierdas (o al menos, a los partidos que se presentan bajo esa advocación espacial). No, si es común no se puede. Trabajoso y problemoso ha sido ya que el app de rastreo de contagios del Covid-19 fuese común, aunque, a la vista está, dada su deficiente implantación, que decir “interoperabilidad” no equivale a conseguirla. (Con esta nota esquizofrénica añadida: los partidos que rehúsan como gato panza arriba los procesos de armonización y comunitarización en el marco español, los promueven y celebran en el ámbito europeo como signo de progreso; como si el rancho aparte que pide Puigdemont fuera bueno y malo el que pide Orban). Pero cosamos todavía un botón más en esta muestra: ante el debate en torno a si hay profesionales de la medicina en número bastante en España para capear la crisis sanitaria, me entero, leyendo a Rafael Matesanz (ABC, 27 de septiembre) que no existe en España un registro estatal de médicos, “algo tan elemental que nos permitiera saber en cada momento las disponibilidades, prever jubilaciones y planificar las necesidades con antelación, ha sido reiteradamente solicitado por las organizaciones profesionales, prometido por distintos ministros y nunca llevado a cabo”. La autoridad de Matesanz proviene, dicho sea de paso, del prestigio que le otorga haber llevado a la excelencia mundial una de las pocas cosas que los españoles aún tenemos en común, la Organización Nacional de Trasplantes. Por ahora los órganos vitales de los ciudadanos españoles no sufren tacha de “invadir competencias”. Se ve que el centralismo no es obstáculo para que te donen un riñón.
Se equivocará quien piense que este escribano es un porfiado jacobino, cuyo escaso caletre no le alcanza para saber que España es un país plural y diverso. Antes al contrario, el que suscribe, sin creer que el centralismo sea anatema, se cuenta entre los españoles que consideran que la planta organizativa federal es la que más se adapta a la estructura territorial del país. A condición, claro, de que ese federalismo sea racional, a veces cooperativo y otras competitivo, pero siempre en beneficio de los ciudadanos; respetuoso de las diferencias, pero no al servicio de ellas. Que en eso ha derivado el Estado autonómico: en el teatro donde, en lugar de permitir que lo propio y lo común afloren de manera espontánea, lo privativo de cada parte se fuerza y compele y escenifica, y donde lo común español, que sin duda existe tras de una convivencia vieja de siglos, se ahoga y sofoca y estigmatiza cuando no se prohíbe directamente. Incluso, se echa de ver, en ámbitos aparentemente distantes de la identidad histórica, como es la salud de las personas. Y lo que antes era tabú es ya una no pequeña corriente subterránea de opinión: que el Estado autonómico, tal y como se ha configurado -es decir, al sabor de los nacionalismos subestatales- trae ventajas a las elites regionales creadas al cobijo de su presupuesto, pero empieza a perjudicar no solo la convivencia sino también las oportunidades de reforma y relanzamiento económico del país.
Un reflejo de esta tendencia aislacionista de las comunidades autónomas podría estar en los datos que certifican la escasa movilidad interna de los españoles. Y digo “podría” porque no hay, que yo sepa, estudios que examinen si los niveles de migración interna dentro de España, ciertamente bajos en un análisis comparado, guardan relación con el progresivo enroque autonómico. Lo que sabemos, gracias a las cifras que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal, es que la tasa de movilidad entre comunidades autónomas, esto es, la proporción de contratos que obligan a cambiar de lugar a una persona, oscila entre el 8% y el 12% según el año (y el porcentaje baja por debajo del 5% cuando se refiere solo a desempleados que buscan empleo). Considerando que la mayor parte de esos contratos se agrupan en actividades de temporada (hostelería y agricultura) el panorama es el de un español medio que se mueve poco o nada, acusando acaso atributos estables de una cultura sedentaria, pero quizá también por los pocos incentivos que el sistema autonómico genera para moverse de una comunidad a otra. De hecho, no es temerario afirmar que desde ciertos gobiernos no se hace ningún esfuerzo por atraer gente de otras regiones, y eso cuando el esfuerzo no es por ahuyentarlos. Los procesos de las administraciones públicas autonómicas, que cada vez traen más trabas al candidato foráneo, son indicio de que la intención no es fomentar la movilidad. Por sectores, el caso más claro quizá sea el universitario: en España un 70% de profesores trabaja en el centro donde obtuvo el doctorado. Y si de los discentes se trata, empieza a ser habitual que alumnos de distintas regiones de España traben relación entre ellos antes en Pisa, Lovaina, Estocolmo o la ciudad europea donde el Programa Erasmus les lleve, que en alguna bella localidad de ese país cuasi extranjero llamado resto-de-España. Por regiones, el caso más conspicuo de ensimismamiento es el catalán: conforme los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre saldo migratorio entre comunidades, se da el curioso (pero poco sorprendente) fenómeno de una comunidad de renta alta como Cataluña que empieza a comportarse como un demógrafo esperaría que lo hiciese una región de renta baja: expulsando gente. Cualquiera que sea la explicación de este fenómeno, un factor insoslayable es lo poco que apetece vivir allí donde la construcción de una identidad que excluye por decreto todo lo español se ha convertido en el molesto sonido omnizumbante que acompaña a la vida familiar y profesional.
La deriva adquiere un aspecto medieval. Más que taifas musulmanas, en las que, al fin y al cabo, hasta donde sabemos, había cierta libertad de culto y tolerancia con fieles de otras religiones, las comunidades autónomas españoles adoptan la fisonomía de dogmáticos feudos medievales (no en balde los líderes de las franquicias autonómicas de los partidos reciben el remoquete de “barones”) donde impera una nueva gleba, la de la “identidad”, que como argolla en el tobillo, ata al nuevo siervo, el ciudadano, a un territorio al que se atribuyen por ley rasgos culturales unívocos y prefijados, contrayendo la libertad y autonomía de las personas para realizar su plan de vida. Hasta algo tan íntimo con la lengua que uno desea hablar y transmitir a sus hijos está sujeta a la terca interferencia del señor autonómico. Hemos sabido de campañas de ayuntamientos que envían cartas a sus hijos invitándoles a que a la hora del registro, se usen nombres vernáculos y cambien la grafía de los apellidos a “la lengua propia”, no vaya a ser que el niño o la niña no se adapte. Lo mismo sucede con la pertinaz querella en torno a la lengua vehicular. Huelga decirlo, pero digámoslo tantas veces como sea necesario para atravesar la empalizada de mentiras que rodea este debate: la exclusión legal de la lengua española de su condición de lengua vehicular en buena parte del Estado, vaciándolo efectivamente de contenido su condición de lengua co-oficial de algunas comunidades, es una barrabasada educativa y política sin parangón en democracias plurilingües. También aquí parece haberse impuesto el principio de que manda el territorio sobre el ciudadano. Lo ha explicitado con gran claridad la portavoz del gobierno, Maria Jesús Montero. En recientes declaraciones, al arrimo de la polémica suscitada por la nueva ley de educación, ha formulado con inusitada nitidez la doctrina que subyace a la supresión del español como lengua vehicular: “Hay que dialogar para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad y diversidad de nuestro país”, para que así “cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. Repitamos: “que cada uno se pueda expresar también en las condiciones que le marca su propio territorio”. En la primera frase se nos promete libertad. En la segunda esa libertad ha marchitado y hay que obedecer el telúrico mandato de la tierra.
Al oír estas declaraciones, de inmediato recordé el viejo lema de la Europa anterior a la Revolución Francesa: Cuius regio, eius religio. Quiere decir: a cada uno la religión de su rey. No hay elección. Si uno vive bajo un monarca o señor católico, pues católico. Si lo hace bajo un señor o monarca protestante, pues protestante. La confesión religiosa del príncipe será la de todos sus súbditos. Tal fue el arreglo pactado en la Paz de Augsburgo en 1555 para poner fin a las guerras de religión en Europa. Un principio antipluralista abolido siglos más tarde por la Europa liberal, fundadora de la libertad de conciencia y de culto. La deriva neomedieval de la España autonómica rescata el principio para la nueva religión del siglo: la de la identidad, que en nuestro país se concreta sobre todo en identidad etnolingüística. La nueva divisa, en latín macarrónico, podría ser esta: Cuius autonomia, eius identitas. ¿Y bien? podría decir alguien. ¿No es cierto acaso que en nuestro país se hablan varias lenguas y todas ellas merecen nuestra estima, y las minoritarias, protección y fomento? Tan razonable y cierto es que tal fue el acuerdo del 78: que todas las lenguas de nuestro país eran españolas y que todas las tradiciones culturales que se expresan esas lenguas tenían cabida en él. Pero no es lo mismo un país plural y mestizo, donde cada cual tiene libertad para conjugar diversos niveles de pertenencia, que una sucesión de uniformidades yuxtapuestas en régimen de monocultivo identitario. Esta es la perversión: querer conjugar la máxima cantidad de diferencia entre comunidades con la máxima cantidad posible de uniformismo dentro de la comunidad. Es decir, la destrucción de la pluralidad española, que, por fuerza, ha de apoyarse en una unidad previa, base necesaria de la mezcla. Común y propio: tal es el binomio determinante de la realidad histórica de España cuando se la permite respirar en paz: si falta lo propio, la comunidad es injusta; si falta la común, no hay comunidad. La España del 78 dijo que todas las lenguas del país eran españolas y, con justicia y buen sentido, abrió escuelas en catalán, vasco y gallego. Algunas comunidades han dicho: solo una de las lenguas aquí habladas es propia, y cierran las puertas a la enseñanza en español, que también es, digo yo, lengua española. Ese no era el trato.
Ese no era el trato, y aunque aún se hallan doctores Pangloss del Estado autonómico, que insisten en lo mucho bueno que la descentralización ha aportado a nuestra vida (y no les falta razón en ciertos casos), cada vez, como decía, son más quienes creen que el saldo entre lo bueno y lo malo se vence de lo malo. Personas que están de acuerdo con Benito Arruñada -catedrático de organización de empresas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y una de las voces críticas- cuando escribe que “dejando a un lado el interés de los propios políticos y funcionarios en multiplicar sus empleos, empieza a estar claro que el único motivo para mantener las autonomías es el de reforzar nuestras identidades regionales” (Autonomías, ¿para qué? Voz Pópuli, 6 de septiembre) O léase también al eurodiputado de Ciudadanos y prestigioso economista Luis Garicano (El fracaso del Estado autonómico, El Español, 5 de septiembre), que observa, menos tajante que Arruñada, como “la deslealtad de los que promovieron el desmantelamiento del Estado y el cortoplacismo y la ceguera de quienes lo permitieron han pasado factura durante la pandemia”.
Como se ve, el malestar va en aumento. Un nuevo motivo de queja, por cierto, es la desigualdad fiscal. Así es: desde 1997, las comunidades autónomas de régimen común tienen poder para modificar impuestos. Y aunque las reglas y los márgenes son los mismos para todas, la política de baja presión impositiva de la Comunidad de Madrid viene siendo tachada de desleal por parte de otras comunidades. Doble incongruencia: la queja proviene de las regiones más celosas de su autonomía, aquellas que querrían descentralizar hasta los arreglos del himno, mientras se calla piadosamente sobre las muy discutibles ventajas privativas de las dos comunidades forales, egregio caso de desigualdad fiscal en el Estado. En fin, sean cuales fueren las razones, si llevamos tiempo escuchando que el Estado autonómico es insuficiente para las élites de los nacionalismos subestatales, tanto se ha tensado la cuerda, que ahora la tenemos rota también por el otro cabo: la que agrupa a los españoles que consideran que el equilibrio territorial pactado del 78, tal y como se ha plasmado en sucesivas rondas descentralizadoras sin aparente final, tampoco les vale a ellos: desean más autonomía, sí… pero para la Administración General del Estado. Ya hay un partido, Vox, que crece casi exclusivamente al calor de ese renacido anti-autonomismo que los analistas harían mal en creer fenómeno únicamente mesetario. El desenlace de esta querella política no está escrito. Merece la pena insistir: uno puede seguir pensando que la mejor planta organizativa para el Estado, la que más se ajusta a la constitución histórica del país, es la federal o autonómica, y al mismo tiempo creer que de no proceder a una rápida desfeudalización del Estado autonómico realmente existente, la corriente subterránea (y cada vez más terránea) de malestar entre los españoles, avisada de unas disfunciones descubiertas por la pandemia, y molesta por las coacciones identitarias en que incurren ciertas autonomías, terminará por desembocar en un neocentralismo sin miramientos. Si todavía hay en España unitaristas que desean salvar el pacto autonómico o persuadir a la opinión pública de que el federalismo es la fórmula más apta de reparto territorial de poder, mi consejo es que admitan sin más demora la deriva neomedieval del Estado de las autonomías hoy vigente y propongan mecanismos de corrección para que, en la mejor tradición del principio de subsidiaridad, el autogobierno vuelva a ponerse al servicio de las personas y deje de estarlo al de las identidades “históricas” y sus autodesignados fideicomisarios.
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