lunes, 27 de julio de 2015

Píldora veraniega 3: Copago a pensionistas y desgravación por la compra de seguros de salud



El coste fiscal (pérdida de recaudación) de la desgravación por la compra de seguros privados de salud podría ser similar o, incluso, superar la recaudación procedente de los pensionistas mediante el nuevo modelo de copago. El Gobierno central y los Autonómicos que practican esta desgravación (Aragón, Baleares y Cantabria) deberían explicar a la ciudadanía y especialmente a los pensionistas, la utilidad social de seguir incentivando la compra de seguros privados de salud.



Efectos recaudatorios derivados del nuevo modelo de copago en los pensionistas
El año 2013 es el primero en el que ha regido en toda su extensión el nuevo modelo de copago en la prestación en farmacia de receta del SNS (excepto el primer semestre en el País Vasco). A partir de datos oficiales de población protegida (1) y de facturación de la receta del SNS que anualmente publica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) (2) se puede obtener o calcular información relevante sobre los efectos recaudatorios derivados del nuevo modelo de copago en los pensionistas del SNS. Los pensionistas contribuyeron a la factura a PVP en farmacia de receta del SNS en 2013 con 503,8 millones de euros (52,9 € por pensionista).

La doble cobertura
Casi 10,7 millones de españoles contaban en marzo de 2015 con un seguro de salud (3). De ellos, algo más de 8,5 millones disfrutaban de un seguro de asistencia sanitaria. Casi dos de esos 8,5 millones corresponden a mutualistas de la administración pública mientras que la inmensa mayor parte de los 6,6 millones restantes constituyen el grupo de la “doble cobertura”, formado por personas con derecho a la asistencia sanitaria del SNS que prefieren, porque pueden, disfrutar simultáneamente de las ventajas asistenciales y, en muchos casos, fiscales del aseguramiento privado. Un aseguramiento privado que mayoritariamente ofrece atención sanitaria por médicos especialistas y no por médicos de familia, generales o de cabecera. De hecho, sólo el 13% de los médicos que actúan como proveedores para las compañías de seguros privados de asistencia sanitaria son médicos generales o de familia (4). Por otra parte, el 30% de las consultas al médico especialista en España se realiza sin financiación pública (5). No se incluye aquí, naturalmente, las consultas al médico especialista privado financiadas públicamente realizadas por la gran mayoría de casi dos millones de mutualistas de la administración pública. La población con doble cobertura se caracteriza por ser más joven, tener mejor estado de salud, menos enfermedades crónicas y discapacidades, mayor nivel educativo y de renta y efectuar más visitas al médico especialista (6-8). Datos más recientes como los de la Encuesta de Salud de Cataluña de 2014 (9), una de las CCAA con mayor prevalencia de doble cobertura (24,8% de la población general), muestran que entre la población con doble cobertura predominan las personas de clase alta (45,6%) y con estudios universitarios (44,2%).

Desgravaciones fiscales a gastos y seguros médicos privados (el “otro” gasto sanitario público)
La desgravación fiscal del seguro voluntario de salud resulta difícil de sostener en la medida que existe un seguro obligatorio financiado públicamente y que la disminución del coste público que supone tener un seguro duplicado no es contrastable (10): la pérdida de ingresos fiscales derivada de la desgravación es mayor que el aumento de gasto sanitario público que produciría su ausencia (11). Durante las últimas décadas y por los sucesivos gobiernos se ha incentivado fiscalmente el aseguramiento privado sin explicar demasiado a la ciudadanía la utilidad social de tal medida. Desgravó el gasto en asistencia sanitaria privada y en seguros privados de salud adquiridos individualmente hasta 1998. A partir de 1999 se ofrecen beneficios fiscales a las empresas que los adquieren para sus empleados y familias (seguros colectivos). A partir de 2003 desgravan los adquiridos por algunos trabajadores autónomos para sí y sus familias. Además, algunas CCAA desgravan también los seguros de salud individuales. Por lo tanto, en cierto modo, podemos considerar también financiación pública de la sanidad, en este caso privada, el coste fiscal que supone la pérdida de recaudación debida a los beneficios fiscales asociados a la compra de seguros privados de salud. El coste fiscal por este motivo se cifró para el año 1998 en poco más de 650 millones de euros (12, 13), una cantidad equivalente al gasto en atención primaria en 1998 en una comunidad como Andalucía. Para el año 2001 el coste fiscal se estimó en 214 millones de euros con poco más de 1,24 millones de asegurados ese año por seguros colectivos a través de empresas (12). Actualmente el coste fiscal es sin duda mucho mayor pues hay que añadir el de los seguros adquiridos por autónomos, el debido al incremento del número de asegurados por los seguros colectivos de salud a través de empresas que alcanza los 2,81 millones de asegurados en 2013 (14) y las desgravaciones a la compra de seguros individuales efectuadas por algunas CCAA.

Conclusión:
El Gobierno de Rajoy debería explicar a la ciudadanía, y sobre todo a estos pensionistas, la utilidad social de seguir incentivando fiscalmente la compra de seguros privados de salud pues la cuantía actual de la pérdida de ingresos fiscales por dicha desgravación podría ser similar o incluso superar los 503,8 millones de euros recaudados a estos pensionistas a través del nuevo modelo de copago. También lo deberían hacer aquellos Gobiernos Autonómicos (Aragón, Baleares y Cantabria) que también los incentivan fiscalmente. Me encantaría ver cómo explican que recaudemos millones de euros a los pensionistas a través del copago para incentivar seguros médicos privados a personas más sanas, más jóvenes y de clase alta (prácticamente la mitad de los que compran estos seguros en Cataluña) y, claramente, mucho menos necesitadas que los pensionistas de estas desgravaciones. Es decir, que quizá suprimiendo estas desgravaciones hubieramos obtenido igual ingreso fiscal o más que lo que se ha recaudado de los pensionistas con el nuevo copago. En todo caso, no es presentable seguir con dichas desgravaciones.


Referencias:


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