sábado, 15 de enero de 2022

La agresión en la sanidad pública: la acción necesaria, por Federico Relimpio

La agresión al trabajador sanitario comparte mucho con la perpetrada a cualquier trabajador público. En cualquier caso, es difícil de comprender desde fuera. Ni de prevenirla. Porque es más que un incidente o una lesión con esta consecuencia o la otra. Se trata de todo un clima laboral, de algo con lo que convives desde que abandonas tu vehículo o el autobús, y enfilas la calle hacia tu puesto de trabajo. Me intentaré explicar al respecto, y les ruego que permanezcan conmigo.


Sostengo que uno de los errores más comunes es intentar analizar el fenómeno agresiones a través de las páginas de sucesos. “Ayer, en Murcia, un par de energúmenos le dieron a una doctora una paliza de escándalo; tres costillas rotas. Manifa en la puerta del Centro de Salud, #stopagresiones”. La cuestión se asemeja a las limitaciones obvias de intentar analizar la violencia machista a través de la cifra de mujeres asesinadas.

En ambos casos, el suceso trágico solo es la punta infinitesimal de una violencia cotidiana extendida, aceptada e inaceptable, sufrida en silencio tanto por el/la trabajador/a público/a (sanitario en este caso), como de la mitad de la población femenina.

El fenómeno va en ascenso, las cifras cantan. Pero sobre todo la agresión de baja intensidad, la amenaza velada o la simple falta de respeto que no tendrá recorrido penal. De hecho, apenas la tienen agresiones de consecuencias más severas. Sin embargo, el impacto lo tiene, y mucho, en la vida emocional del médico, el enfermero, el celador o el administrativo. Porque nadie-nadie se va a acostumbrar nunca a la amenaza o la falta de respeto. Al “sé dónde vives” o “sé a qué colegio van tus niños”. O “ándate con cuidado; cuídate las espaldas”.

Sobre todo cuando nada de eso es denunciable; no es figura delictiva. Y si lo fuera, sería difícil probarla. La mayor parte de las injurias o amenazas se realizan a puerta cerrada. La instancia a la que acuda el trabajador pondrá, con demasiada frecuencia, cara de incredulidad, y situará al presunto agresor en plano de igualdad con el agredido. “Es tu palabra contra la suya”. El trabajador amenazado o vejado se chupará el insulto o la amenaza ante la sonrisa cínica de su agresor, obligado a atenderlo mañana, pasado mañana y el otro, a placer del tipo o la tipa, que le espeta “¿aprendiste la lección?” con todo el desparpajo. Y a esperar la siguiente.

Este clima es espantosamente real y solo se parece — a distancia — al infierno de décadas que sufren tantas mujeres maltratadas. Al trabajador sanitario no le cree casi nadie. A veces, ni siquiera su familia. Porque sus derechos laborales — y a uno se le considera un “privilegiado” por tener trabajo, ojo — se sitúan muy por debajo del derecho del ciudadano-agresor a recibir asistencia sanitaria en el punto que considere más conveniente.

Solo que… Solo que ciertas categorías de trabajadores sanitarios se están convirtiendo en bien escaso en los tiempos que corren. Ello se aplica especialmente a enfermeros, pediatras y médicos de familia. La ola de jubilaciones, la depresión y la ansiedad — acabamos de esbozar algunas de sus causas —, la emigración y la comprensible búsqueda de destinos más cómodos han mermado la trinchera. La política de Recursos Humanos en Sanidad Pública — cínica, despreocupada, ausente, burda, si no con un regusto de crueldad — ha ignorado todos estos aspectos hasta que cubrir una baja se está convirtiendo en misión imposible. Tarde. Tarde para una miríada de cargos directivos e intermedios, formados en despachar sin contemplaciones, apoyados en una normativa obsoleta.

Participo de una comunidad profesional exhausta que pide a los poderes más protección contra la agresión. Entre otras medidas, proponemos reforzar la disuasión y exigir, por ejemplo, la consideración de “autoridad” para el médico, como lo han conseguido los docentes. Puede que, de este modo, alguno consiga refrenar el impulso agresivo.

Sin embargo, nada se va a conseguir si como sociedad no cala el problema de que, con la agresión continuada de “baja intensidad”, peligra el sistema sanitario. Que se convierte así en un lugar invivible, una arena donde se llega con armadura emocional, se aporta lo mínimo, y se sale corriendo apenas le sea a uno posible. La movilización debe llegar desde todos los colectivos implicados a las administraciones y órganos de poder, para promover una acción pública de sensibilización, al modo en que se hizo con la violencia de género.

No se trata de una campaña puntual de un ministerio. Al contrario, consiste en planificar una toma general de conciencia. Trasladar a la ciudadanía en su debida medida que la agresión al trabajador sanitario es el resultado de la frustración. Una frustración social subyacente, donde hay muchos elementos preexistentes. Pero donde hay, sobre todo, una desproporción mayúscula entre las expectativas del paciente y sus familias, y las posibilidades reales del trabajador sanitario. Y, entre estas posibilidades reales, no tiene menos importancia su grado de sobrecarga, su escasa capacidad de conciliar, las horas trabajadas supliendo a un compañero de baja y mil deficiencias reales de los servicios sanitarios.

Los poderes públicos deben, pues, cesar en su promoción propagandística de la excelencia de las carteras respectivas de servicios sanitarios. Porque la realidad, después, son una serie de carencias dolorosas, insufribles, de las que el sanitario de a pie tiene que informar. Dar la cara, que se dice. Y recibir las caras desencajadas. Eso, en el mejor de los casos.

Es evidente que abordar la frustración social no es tarea fácil, ni a corto plazo. Pero sí se puede hacer mucho para dar una idea mucho más exacta a la población de cuáles son las posibilidades concretas en asistencia sanitaria pública, a la hora de acortar la distancia entre expectativas y realidades. Y, por supuesto, cual es el empleo adecuado de los recursos sanitarios, como las urgencias hospitalarias.

La agresión al trabajador sanitario es un síntoma, la punta del iceberg tóxico. El mal, debajo, es la frustración social, agravada por la debilidad de los valores que permiten expresar esta frustración de cualquier modo, sobre quien sea, ante la mirada de una ciudadanía que lo considera una comprensible “válvula de escape”… Siempre que no pase a mayores.

Este es un punto de vista erróneo, enfermizo, y debe abordarse. Y abordarse ya, por quien debe y puede. De frente, en profundidad y de modo articulado. Porque, de no hacerlo, progresaremos en el deterioro de uno de nuestros pilares básicos de nuestro Estado del Bienestar. Por decirlo de un modo simple: “sigue pegándole, que se refugiará, huirá… Hasta que llegue el día en que vayas a atizarle y no haya nadie en la consulta”. 


Firmado: Federico Relimpio, médico y escritor @frelimpio

Observatorio de la Sanidad del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla @RICOMSevilla

           

 

 

7 comentarios:

  1. Tres o cuatro aportaciones a la entrada:
    - No estamos condenados a enfrentar cada mañana la sonrisa cínica de un agresor. Es acorde a Deontología Médica que el médico puede suspender unilateralmente su asistencia, y, en general, a cualquier paciente que estime no le guarde la confianza y el respeto debidos. No es necesario que haya “figura delictiva” denunciable, lo que corresponde al ámbito judicial. Lo comunica oficialmente y a la persona se le asigna otro facultativo, garantizándose así la continuidad asistencial.
    - Me parece forzada, aunque muy ad hoc, la analogía de la agresión sanitaria con la “violencia machista”. Tienen poco, si algo, que ver. La “distancia” que las separa las convierte, de hecho, en situaciones divergentes. Agresores Y agresoras sanitarios y sanitarias reparten estopa con igual fruición de género en consultas, urgencias, inspección y atención al paciente.
    - En mi opinión, factores sociales ni explican ni, desde luego, justifican la agresión de un individuo o individua a un sanitario o sanitaria. El ”mal” SÍ es la agresion, lo es en y por sí misma. No es un iceberg, es una piedra que alguien ha lanzado: contundente, definitiva, sin partes ocultas debajo. La lleva a cabo un sujeto o sujeta que tiene que rendir cuentas por ello personalmente, “aprender la lección” y reconducirse. La frustración social, la debilidad de valores... son argumentos irrelevantes frente a un puño rumbo a tus narices o una “reclamación” asistencial petada de insultos personales al facultativo o facultativa. Que de todo va cayendo.
    - Por ello, no veo que sea funcionalmente prioritario que haya que trasladar que “la agresión al sanitario es el resultado de la frustración”, dliuyendo así en difusas “ciudadanías” decisiones, actos y responsabilidades que lo son de individuos concretos y de no menos concretas individuas.
    - Y como, efectivamente, la agresión puede quedar en un tu palabra contra la mía, en la consulta a un lado de la mesa SOLO (en lo posible) el consultante/paciente, y al otro al menos otro sanitario y potencial testigo. Uno que, como quiere el autor de la entrada, “permanezca conmigo” hasta el final.

    Gracias.

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    2. Muy interesante tu comentario, Marino. Es importante abrir el foco para entender y poner en contexto las agresiones sanitarias. Pero nunca deben ser razón para relativizar el significado de una agresión directa. Quien la hace debe dar cuenta, y quien se ocupa y tiene la obligación de evitarlas, debe analizar las causas y proponer las medidas oportunas.
      En cuando a expectativas inabordables o desproporcionadas, éstas vienen propuestas o insinuadas desde instancias de todo tipo y con intereses evidentes y escasamente ocultos. Pero también los profesionales, un determinado perfil de profesional "pluripotencial", participa en la generación de este tipo de expectivas y, de algún modo, en la frustración de quienes con más humildad o reconocimiento de limitaciones, no pueden siqueira acercarse a ese "modelo ideal de profesional". ¿Dónde está el límite o el punto de encuentro entre expectativas y realidades, entre demanda y oferta? Supongo que exige un debate social que tiene que aludir a la responsabilidad colectiva y, sobre todo, de quienes gestionan lo público.
      El médico, el futuro médico, debe saber frente a qué expectativas se enfrenta (¿contrato social?), para tomar una decisión "informada".

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    3. No lo es menos el tuyo, Carlos.
      En efecto, el debate tiene un recorrido amplio, que va desde la valoración de actos individuales, como son las agresiones, hasta la integración de múltiples variables sanitarias, socio-económicas y otras de perfil colectivo, en un análisis cabal de la naturaleza y objetivos del tipo de asistencia que necesitamos.

      En esta formulación de necesidades, los médicos en primera línea asistencial tenemos, no mucho, todo que decir. Y los gestores, a menudo a leguas de distancia de realidades que, salvo que sean sustituidas por “datos”, ni entienden ni maldita la necesidad que tienen de entender, los gestores, digo, a tomar nota y a gestionar realidades.

      Pero, salvo excepciones, es al revés: primero ejecutan en base al cielo sabe qué datos, qué “evidencias”, qué “ciudadanías”. Y, si acaso y solo después de desaguisados sin cuento que no asumen, preguntan.

      Y desde el punto de vista de las personas a asistir, algo que debemos reivindicar en modo continuo, porque continuamente está amenazado: el principio de autonomía. Avanzar en la confianza de que las personas tomarán sus mejores decisiones sanitarias libres, informadas y responsables, en contextos de incertidumbre que lo son para todos. También para los “expertos asusta...audiencias”.

      Pero, ¡ay!, malos tiempos para ciertas líricas: un paternalismo obsoleto, ejercido desde cualquier ámbito que se crea investido de “autoridad”; que se resiste a su retirada, rancio con ganas, soberbio con creces y potencialmente lesivo sigue empeñado en suspender la autonomía de las personas. “Te enmierdo la vida si no te vacunas”: he ahí un referente del político que se pasa la autonomía de las personas por semejante parte paternalista. Y no pasa ná...

      Hay brotes, no sé si verdes o anaranjados.
      Hay esperanza en la tarea común de fortalecer/asumir la autonomía personal en cuestiones de salud individual y familiar/grupal, cuando hay confianza y respeto entre sanitarios y usuarios de la sanidad: los profesionales y, por extensión, el sistema sanitario ofrecemos lo mejor disponible para la salud y la enfermedad. Lo mejor, se sobreentiende, es lo mejor adaptado a cada persona. Que no siempre será (ni tendría por qué, pese al fanatismo de los azotes del no-sin-evidencia) lo más “evidente científico”. Y ellos, los usuarios, deciden. Y nosotros, sanitarios de todo gremio, gestores de todo nivel y políticos de todo pelo respetamos sus decisiones.

      Permítanme compartir aquí la crónica de un ejemplo actual, “real”.
      Hay mucha “vida”, más allá de los generadores de (ciertos) datos y de los manipuladores de vidas ajenas. ¡Y que no falte!:
      https://icariaeditorial.com/novedades/4710-gestacion-nacimiento-y-crianza-desde-el-sur-9788418826146.html

      Gracias.

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  2. Parte del tratamiento es nuestro. Poco podemos hacer, cuando un gran porcentaje de los profesionales y supuestos compañeros son los primeros que miran al lado. Mi reflexión y constatación real laboral lo expreso en LA ESCALADA AGRESIVA (https://medicinagaditana.es/la-escalada-agresiva). Lejos de la queja, debemos pasar a la acción...

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  3. Cuando escucho quejas despreciativas por gente cercana sobre la actuación de los y las profesionales de la sanidad pública, pienso que les atribuyen competencias que no tienen y que no captan lo que significa tener derecho a ser atendido en un SERVICIO PÚBLICO, y gestionar un SERVICIO PÚBLICO. Creo que a medida que pasan los años se hace más borrosa en las mentes de la gente la diferencia entre un servicio público y uno privado. Y los valores de uno y otro. Motivos hay. Por cierto, supongo que en los centros sanitarios privados no existe igual violencia por algunos usuarios; ¿qué extraña conexión vincula el pago al respeto a la autoridad... o lo relaciona con el sometimiento?

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  4. Para entender y abordar este problema, quizás ayude paralelizar con la falta de respeto, violencia y descrédito hacia los profesionales de la educación por una parte del alumnado y de muchas familias. En este ámbito también cunde, como consecuencia, la desazón, la desmotivación, las bajas por depresión, las ganas de acabar cuanto antes y como sea. Pienso que las instituciones superiores, léase la adimistración y subcontratas, deberían dar buen ejemplo reconociendo, confiando, autorizando y apoyando el buen hacer de estos dos sectores profesionales.

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