domingo, 1 de octubre de 2017

Corrupción sanitaria, por Amando Martín Zurro

La sanidad no es inmune a la corrupción como atestigua el titular de la noticia de Diario Médico que acompaña esta entrada. Pero la cúpula política es sólo uno de los ámbitos en donde la corrupción se puede desarrollar. Amando Martín Zurro trató la corrupción en cada uno de estos ámbitos en una serie de seis artículos que publicó Diario Médico. Esta entrada recoge la seis entregas y da cuenta, además, de un trabajo de investigación que detecta una relación positiva entre el mayor consumo de antibióticos y la corrupción sanitaria (y la general) que explicaría parte de las variaciones en el consumo de antibióticos entre las regiones europeas.







El autor arranca con esta entrega una serie de seis tribunas de opinión en las que repasará ejemplos que, a su juicio, constituyen focos de posible corrupción en el sistema sanitario nacional. Cúpula política, órganos de dirección y gestión, sociedades científicas, industria farmacéutica y ejercicio profesional serán protagonistas de su punto de vista en las próximas semanas.

La corrupción, en su sentido más amplio, es un problema universal y tan antiguo como la misma humanidad. Afecta a todos los ámbitos del quehacer social y, por tanto, también al de la sanidad. Este artículo es el inicial de una serie en la que se abordarán algunos de los elementos principales que caracterizan a la corrupción sanitaria, con referencia especial a nuestro país, en distintos ámbitos: político, dirección y gestión de centros y servicios, ejercicio profesional, sociedades científicas e industrias y empresas farmacéuticas. Esta compartimentación no deja de ser artificiosa en la medida en que, en muchas ocasiones, la corrupción cruza simultánea y transversalmente varios de los ámbitos mencionados, pero puede sernos de alguna utilidad para analizar los diferentes tipos de comportamientos corruptos más frecuentes en cada uno de ellos así como sus posibles causas y las medidas que se podrían arbitrar para prevenirlos o abordarlos correctivamente.

Definición y tipos
Existen numerosas definiciones de corrupción y corrupto. Para la primera vamos a utilizar la establecida en el Diccionario de la Real Academia Española y que es del siguiente tenor: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Una aproximación al concepto jurídicamente más correcta sería la que califica como corrupta toda acción u omisión realizada por un actor público que incumpla las normas jurídicas y viole las obligaciones del cargo, con abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios privados, personales o para un grupo.

Frecuentemente se habla también del concepto de corrupción cultural y estructural y se suele entender como tal aquella que está firmemente arraigada en las relaciones públicas y privadas y que suele ser ejercida por grupos poderosos que incluso pueden llegar a cambiar el marco legislativo en su beneficio, transformando en legales actuaciones que no lo eran. La definición de corrupto se refiere a aquella persona que realiza, se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar por prácticas corruptas.

En el ámbito de la corrupción general y sanitaria aparecen frecuentemente ligados a este epígrafe otros conceptos con connotaciones éticas y jurídicas como los de prevaricación (delito consistente en que una autoridad dicte a sabiendas una resolución injusta), apropiación indebida (delito que comete el que toma posesión de un bien que le ha sido confiado temporalmente), malversación (delito que comenten los que sustraen, o consienten que un tercero lo haga, bienes públicos que tienen a su cargo), robo o hurto.

Que España es un país en el que la corrupción y los corruptos son "el pan nuestro de cada día" parece no admitir discusión alguna. Solamente hay que mirar los medios de comunicación y consultar las redes sociales. Nuestro país se sitúa en un puesto de "honor" en las escalas mundiales de corrupción y en el informe de 2016 de Transparencia Internacional ocupa el lugar 41 sobre 167 estados, concretamente entre Costa Rica y Georgia, siendo uno de los más corruptos de Europa. Cuando este tipo de análisis se aplica comparativamente a las naciones y regiones del estado español se observa que Cataluña lidera el ranking en número de personas procesadas seguida por Andalucía y Madrid.

Andalucía es la que tiene más procedimientos abiertos por corrupción, seguida de Valencia y Cataluña. No me ha sido posible encontrar datos comparativos similares referidos a la corrupción sanitaria en las distintas zonas de España. Si la corrupción general es tan frecuente en España sería sorprendente por improbable que un sector económico y de servicios tan importante como el sanitario estuviera libre de este problema.

"Un pastel apetitoso"
La corrupción sanitaria, como la general, genera importantes problemas para el funcionamiento efectivo y eficiente de las instituciones, centros y servicios del sistema de salud y pone en riesgo la utilización correcta del gran volumen de recursos presupuestarios. Nadie puede poner en duda que nos encontramos ante un pastel bien "apetitoso" para la actuación de grupos y personas que pretendan utilizar en su provecho los bienes públicos. Los perjudicados más directos por la corrupción son los ciudadanos y, sobre todo, los que tienen menor nivel adquisitivo.

La corrupción no sale gratis y ocasiona perjuicios graves tanto en el ámbito económico como en la misma imagen que proyectan el sistema sanitario y sus profesionales y en la consideración que le guarda la ciudadanía. Es la antítesis del necesario buen gobierno de la sanidad. Esta relevancia del problema justifica ampliamente reflexionar sobre las distintas formas de corrupción existentes en la sanidad a partir de los casos conocidos públicamente que, mucho me temo, son solamente la punta visible de un iceberg de considerables dimensiones contra el que puede chocar con riesgo de hundirse el Titanic sanitario español.



El autor continúa con la serie sobre corrupción sanitaria, adentrándose en el ámbito político y hablando de investigaciones e imputaciones que llevan años salpicando la política sanitaria en España. A su juicio, la corrupción estructural tiene en la política un sustento relevante.

Desde el comienzo del siglo XXI la política sanitaria en España se diseña e implementa de forma ampliamente descentralizada al estar traspasadas la gran mayoría de las competencias en este campo a las nacionalidades y regiones del estado.

El gobierno central mantiene atribuciones en el terreno de la sanidad exterior, coordinación estratégica, productos farmacéuticos y formación. Los aspectos relativos a la actividad asistencial forman parte de las competencias totalmente traspasadas a las correspondientes consejerías de salud.

La corrupción en el ámbito político se pone habitualmente en relación con los procesos de diseño y toma de decisiones estratégicas y se centra en las figuras delictivas de prevaricación y malversación, sin olvidar las actuaciones pasivas o permisivas: un lessez faire, lessez passer que suele traducir la creencia, arraigada entre nosotros, de la inevitabilidad de cierta corrupción estructural en la administración de los recursos públicos.

Las imputaciones (ahora investigaciones) de políticos sanitarios son numerosas y frecuentemente relacionadas con irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación de obras de hospitales, centros de salud y la compra de tecnología y otros materiales de uso asistencial.

Sin pretensiones de exhaustividad señalaremos algunos de los casos más sonados: como el de las obras del hospital mallorquín de Son Espases en el que están implicados el expresidente Jaume Matas, la exconsejera Aina Castillo y el exdirector del servicio balear de salud Sergio Beltrán.

La comunidad valenciana acapara una parte importante de los casos de corrupción política sanitaria a través del cobro de comisiones por la adjudicación de múltiples obras, sobre todo a partir del año 2003. Los exconsejeros de sanidad valencianos Serafín Castellano, Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado están imputados en diversos procesos por financiación ilegal del Partido Popular y/o irregularidades contractuales en el marco de la trama Gürtel, y Rafael Blasco fue condenado por el caso cooperación cuando era consejero de solidaridad y ciudadanía antes de serlo de sanidad.

También relacionada con la trama Gürtel está la imputación como beneficiaria a título lucrativo de la exministra de sanidad Ana Mato. En el caso de Madrid los problemas de corrupción son de diversa naturaleza, desde adjudicaciones de obras y contratación de suministros de materiales a construcciones de hospitales con criterios de planificación sanitaria carentes de la pertinencia necesaria.

Los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes fueron imputados por las irregularidades detectadas en el proceso de privatización hospitalaria de Madrid. En el País Vasco fue imputado el exviceconsejero de sanidad Rafael Cerdán por irregularidades en la contratación de servicios.

En Cataluña han surgido casos importantes de corrupción pero hasta hoy no han afectado judicialmente a la cúpula política; serán abordados cuando tratemos los producidos en el nivel de dirección y gestión de instituciones, centros y servicios.

Los ejemplos anteriores son indicativos de la importancia de la corrupción en los más altos niveles del gobierno de la sanidad estatal y de las comunidades autónomas. Aunque una parte significativa de las actuaciones dolosas se refieren a las adjudicaciones de obras y servicios, también se observan otras, como en el caso de Madrid, que afectan a una de las funciones primordiales de las consejerías de Sanidad como es la planificación estratégica de centros y servicios y llegan hasta la propia presidencia de la comunidad.

Son paradigmáticas e inefables las repetidas declaraciones de Esperanza Aguirre intentando disculpar su conducta, con incumplimiento de los deberes esenciales de una gobernante que menospreció profundamente el cuidado de los bienes públicos y se rodeó de un equipo de políticos que camparon por sus respetos generando conexiones delictivas de la sanidad madrileña con distintas empresas y con tramas como Gürtel y Púnica.

La corrupción en la cúpula sanitaria agrava o potencia su carácter cultural y estructural en la medida que, por su gran visibilidad, traslada al resto del sistema mensajes negativos acerca de la ética y honestidad que deben regir las conductas de los máximos responsables políticos.

La proliferación de esta lacra dificulta aún más el hallazgo de soluciones a corto y medio plazo del problema al propiciar que el conjunto del sistema sanitario se impregne funcionalmente de esta cultura de la corrupción, minusvalorando sus consecuencias y generando una conciencia laxa que dificulta su rechazo social absoluto.

Cambiar los marcos culturales es una tarea lenta y difícil y requiere la puesta en marcha de acciones firmes y continuadas en el tiempo para prevenir y corregir las desviaciones detectadas. Estas acciones han de tener su origen en los ámbitos políticos representativos y, fundamentalmente, en el propio entramado social. Poco esperanzados podremos estar en el hallazgo de soluciones efectivas al problema si nuestros representantes políticos son también partícipes, por activa y por pasiva, de esta corrupción estructural.


                                                                                             
El autor continúa con esta tercera entrega la serie sobre corrupción sanitaria, tras las consideraciones generales y un segundo capítulo en torno a la cúpula política. En este caso, se adentra en la gestión sanitaria.

Mientras que las figuras delictivas relacionadas más frecuentemente con la corrupción sanitaria en las cúpulas políticas son las de prevaricación y malversación, en el ámbito de la dirección y gestión adquieren un mayor protagonismo las de apropiación indebida y robo. En este campo las conductas dolosas por omisión, tipología frecuente en la estructura política, ceden el protagonismo a otras más activas y dirigidas a la captación de bienes y al enriquecimiento ilícito inmediato de quienes las practican.

La prestación pública de asistencia en el sistema nacional de salud español se puede recibir en un centro propio (de gestión pública) o concertado (público, semipúblico o privado). En España, sobre todo tras la llegada de la democracia y las propuestas del Informe Abril (1991) y los cambios legales que indujo, se ha ido potenciando progresivamente la diversificación de la provisión de atención sanitaria pública, aumentando el papel de la figura de la concertación de servicios con entidades públicas, privadas o semipúblicas.

En teoría, la concertación se ha de sustentar y justificar en los principios de complementariedad y subsidiariedad que, traducidos a la práctica, significan que el sistema público que está obligado a proporcionar determinadas prestaciones, al no disponer de los recursos propios precisos para realizarlas, necesita contratarlas con otras entidades bien de forma puntual o más prolongada en el tiempo.

Diferencias autonómicas
En España la concertación de servicios sanitarios supone un porcentaje variable y significativo del presupuesto sanitario situándose a la cabeza Cataluña, seguida a bastante distancia por Madrid, Baleares y Canarias. También se han puesto en marcha diversos modelos de colaboración público-privada para la financiación de la construcción, gestión y mantenimiento de centros sanitarios, principalmente en Madrid y Valencia.

Cataluña, Valencia, Madrid y Baleares encabezan el ranking de las comunidades en las que se han conocido más casos de corrupción ligados a directivos y gestores. Podemos citar algunos que han tenido repercusión estatal como el escándalo de Innova (Reus), los de Sagessa (Cambrils), Maresme (Mataró) y el del Hospital Moisés Broggi (Bajo Llobregat), los de los hospitales de La Fe (Valencia) y de Castellón, los de Puerto Real y Puerta del Mar (Cádiz) y el del Gómez Ulla de Madrid.

Es evidente que no se puede establecer una relación directa o causal entre los casos de corrupción en el campo de la dirección y gestión de centros y servicios y el tipo de relación de propiedad y jurídico-contractual que mantienen con el sistema sanitario público, pero no por ello deja de ser cierto que, al menos en lo que atañe a su traducción en procesos judiciales, ha crecido proporcionalmente más la generada en el contexto de la concertación de centros y servicios sanitarios privados y semipúblicos.

La dependencia política de los directores y gestores de instituciones públicas, centros y servicios sanitarios facilita y potencia la conexión de la corrupción detectada en este ámbito con la propia de la cúpula política. En nuestro país sigue siendo válida, al menos en parte, la afirmación de tiempos de Cánovas y Sagasta de que cuando cambia el gobierno los ceses llegan hasta los porteros de los ministerios.

Falta de autocrítica política
Esta dependencia política de los cargos directivos y de gestión abre una amplia vía de comunicación de sus problemas de corrupción con los de la cúpula gubernamental generándose colaboraciones delictivas importantes entre ambos niveles. Como síntoma de esta situación se puede señalar la ausencia de reconocimiento y autocrítica de la cúpula política cuando son detectados los problemas de corrupción. Todavía no he visto a ningún consejero/a de sanidad que haga autocrítica y manifieste, a través de medidas concretas, su compromiso con la lucha contra la corrupción. Como máximo se limitan a realizar declaraciones genéricas sin traducción operativa. La instauración de forma general de la profesionalización directiva y, con ella, de la carrera de alta dirección puede contribuir a mejorar la situación.

La separación estratégica y operativa de la financiación y planificación sanitarias respecto a la gestión y prestación asistencial es uno de los paradigmas nucleares instaurados en diversos sistemas sanitarios, como el de Cataluña. Se asegura que si no se lesionan la accesibilidad, eficiencia, gratuidad y calidad de la atención, a todos los actores implicados, incluida la ciudadanía, les da lo mismo la titularidad y gestión pública o privada del centro en que se realiza.

Es posible que esta afirmación sea válida para la percepción del usuario individual pero es mucho más discutible cuando hablamos de la población y de la coherencia de los objetivos y prioridades del conjunto del sistema sanitario, sobre todo si la gestación y prestación se realiza en el marco de entidades privadas con ánimo de lucro, inexistente por definición en el sistema público.



El autor continúa con esta cuarta entrega la serie sobre corrupción sanitaria, tras las consideraciones generales, un segundo capítulo en torno a la cúpula política y un tercero sobre el ámbito de la gestión. En esta ocasión, se adentra en el mundo de las sociedades científicas y lamenta cierta manga ancha en torno a los intereses económicos que afectan a lo sanitario.

En los medios de comunicación profesionales se aborda con frecuencia el tema de las conductas opacas y, en ocasiones, dolosas que sostienen diversas sociedades científicas del ámbito sanitario. El punto de mira principal se suele centrar en la financiación de la propia sociedad y de sus actividades estrella (congresos) a través de la industria farmacéutica, pero este protagonismo no debe hacernos olvidar otros campos en los que, con distintos niveles de intensidad y gravedad, también se pueden generar actuaciones encuadrables en el ámbito de la corrupción.

Sería falso e injusto ubicar a todas las sociedades en el mismo nivel de prácticas ética y/o legalmente incorrectas. Es ampliamente conocida la variabilidad de la permisividad (manga ancha) que tienen las distintas entidades para admitir determinados tipos de relaciones con empresas e instituciones que tienen intereses económicos directos en el campo sanitario. También sería absurdo negar la posibilidad de establecer cualquier tipo de relación con éstas cuando se cumplan determinados principios o requisitos esenciales, entre los que destacan la transparencia financiera y contractual, la independencia y la ausencia de obligación de contraprestación de servicios.

Transparencia
Pero estas condiciones, imprescindibles, no son suficientes, ya que no basta con exponer públicamente cuentas y contratos. Es preciso que las conductas reales de las sociedades y sus cúpulas directivas se ajusten en todo momento a la ética y a los principios fundacionales de unas entidades sin ánimo de lucro. La transparencia societaria sería equivalente a la declaración de conflicto de interés de los investigadores individuales; es necesaria, pero no evita el juicio correspondiente de acuerdo con la naturaleza y relevancia de los intereses expuestos en relación a los objetivos y ámbito de determinada actuación o trabajo científico.

El conflicto de intereses no es intrínsecamente perverso ni indicativo de conducta dolosa, pero debe ser conocido para formar parte de los elementos que ayudan a configurar la valoración final. En el informe de Sespas El conflicto de intereses económicos de las asociaciones profesionales sanitarias con la industria sanitaria, de 2011, se analiza en profundidad este tema. Habla de la importancia del problema el dato de que la mitad de las páginas web de las 18 sociedades analizadas contienen logos de la industria farmacéutica, mientras que en ninguna se expone una declaración de conflicto de intereses.

Las posibilidades de incurrir en conductas corruptas en el ámbito societario no se limita al campo económico, aunque en muchas ocasiones se trata de actuaciones que tienen su origen o son consecuencia del mismo. Las recomendaciones realizadas o avaladas por las sociedades científicas tienen una gran influencia sobre los profesionales, que se ve potenciada si las mismas son producto del "consenso" entre varias de ellas.

Estar más alerta
En los últimos tiempos proliferan como hongos este tipo de actuaciones que, además, son objeto de difusión simultánea a través de revistas científicas que dependen de dichas sociedades. No se puede generalizar afirmando que todas o la mayor parte de estas actuaciones respondan a intereses económicos ocultos y/o espurios, pero es preciso estar alerta a la presencia entre bambalinas de inductores con intereses comerciales en este campo. La connivencia y aval de determinadas sociedades científicas a campañas publicitarias de la industria alimentaria no es sólo corrupción económica, que lo es, sino que también traduce perversión en las finalidades societarias en la medida en que el consumo de dichos productos puede ser perjudicial (en todo caso no beneficioso) para mejorar la salud de las personas.

Mucho me temo que los responsables de las sociedades son conscientes de las posibles utilizaciones posteriores que las empresas alimentarias van a hacer de los avales prestados y, a pesar de ello, firman contratos que desprestigian a la institución. Perjudican a los asociados, y al mismo tiempo, y es lo más importante, inducen conductas insalubres.

Es hora de apuntar algunas alternativas a la situación actual en la que la supervivencia económica de la mayor parte de las de España es evidente que depende de aportaciones de ingresos ajenos a las cuotas de los asociados y actividades propias, formativas o de investigación. Las sociedades españolas están claramente sobredimensionadas en complejidad y ámbitos de acción. Se diseñaron en épocas de abundancia y laxitud ética incompatible con sus finalidades fundacionales y, muy importante, con la realidad actual.

Este sobredimensionamiento les obliga a destinar recursos considerables al mantenimiento de unas estructuras complejas y costosas. Es preciso que todas las sociedades inicien procesos de reconversión, dinámica que no se producirá por iniciativa propia y por ello se hace necesario revisar el marco legislativo en que deben desarrollar sus actividades. Esta responsabilidad recae en la esfera gubernamental. Es preciso seguir insistiendo hasta lograr que la actuación de las asociaciones se coloque lo más lejos de las garras de la corrupción.



El autor continúa con esta quinta entrega la serie sobre corrupción sanitaria. Tras las consideraciones generales, un segundo capítulo en torno a la cúpula política, un tercero sobre el ámbito de la gestión y un cuarto capítulo centrado en las sociedades científicas. En esta ocasión, la reflexión se adentra en la actuación de la industria farmacéutica.

Si estableciéramos nuestras conclusiones ateniéndonos exclusiva o principalmente a la visión más difundida, y aceptada acríticamente, no dudaríamos en afirmar que la industria farmacéutica es el "gran corruptor" en el ámbito sanitario. Según datos de Farmaindustria, los principales laboratorios que operan en España pagaron alrededor de 230 millones de euros en 2015 a médicos y organizaciones sanitarias entre patrocinios, honorarios, colaboraciones, viajes y manutención. Las firmas explican que la mitad va a proyectos de investigación. Quedan más de 115 millones, una cifra a todas luces importante.

Al hablar de industria farmacéutica y corrupción se centra el punto de mira en los fabricantes de medicamentos y se suele dejar muy en segundo plano la existente en el campo de la distribución y venta de medicamentos, desde las empresas mayoristas a las oficinas de farmacia, con ramificaciones que pueden implicar a médicos asistenciales y empresarios de centros sociosanitarios. A título de ejemplo podemos citar los fraudes detectados en distribuidoras y farmacias de Andalucía, Madrid, Galicia, Cataluña, Teruel, Castilla-La Mancha, La Rioja y otras zonas del Estado, con desvío ilegal de medicamentos a la exportación. Otra conducta irregular habitual en nuestras oficinas de farmacia es la venta sin receta de medicamentos que la precisan. Es una infracción grave pero es ampliamente practicada en España con el consentimiento más o menos implícito de la Administración, que solamente de tanto en tanto inspecciona las farmacias. Es posible que si se exigiera la receta en todos los casos en que se necesita se induzca una mayor frecuentación de las consultas.

Las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios delimitan uno de los focos de atención principales en el terreno de la corrupción sanitaria. Estas relaciones que, cuando no son estrictamente éticas, se engloban bajo la denominación popular de tarugeo, se traducen en aportaciones económicas de los laboratorios a sociedades y profesionales individuales, bien en efectivo o mediante la financiación de asistencias a congresos, comidas, viajes o regalos de naturaleza e importe muy diversos. Es evidente que, en este caso, el concepto corrupción hay que aplicarlo a las dos partes en juego, sin olvidar que en muchos casos el laboratorio actúa a partir de una petición expresa de financiación por parte de la sociedad o del profesional. En este sentido, hay que señalar que en la actualidad algunas sociedades científicas ya se niegan explícitamente a realizar actividades formativas o congresuales propuestas por la industria y solamente admiten la posibilidad de patrocinio de actuaciones previamente diseñadas en su totalidad por los comités científico y organizador del congreso o curso.

En la industria farmacéutica, como en otras grandes empresas, también se produce el fenómeno conocido como puertas giratorias. Una revisión somera de los casos acaecidos en los últimos años nos muestra que con cierta frecuencia directivos del Ministerio o de las Consejerías pasan a ocupar cargos de responsabilidad en la industria, en general tras el periodo de lavado que marca la legislación. Madrid y Cataluña ostentan el liderazgo en este tipo de prácticas. El tránsito no se realiza solamente en el sentido Administración-industria y existen también casos de directivos que iniciaron su camino en la Administración pasando a la industria para volver después a la primera. Una proporción significativa de estos trasiegos se hace desde cargos relacionados con la política de medicamentos.

Desde 2014 Farmaindustria cuenta con un código de buenas prácticas para regular las relaciones de sus asociados con los profesionales sanitarios, código que si se cumple correctamente ha de contribuir a mejorar la ética y eliminar o disminuir significativamente la corrupción existente hoy.

Merece una mención especial el tema de los ensayos clínicos y otros estudios de fase III y IV financiados y/o patrocinados por la industria. Son numerosos los casos publicados sobre prácticas irregulares o corruptas en las que toman parte laboratorios, investigadores y publicaciones científicas. Un artículo publicado en el British Medical Journal en febrero de este año sobre los estudios poscomercialización de medicamentos realizados en Alemania en los tres últimos años concluye que este tipo de estudios no mejoran el seguimiento de la seguridad de los medicamentos, se realizan habitualmente con muestras de pacientes demasiado pequeñas y están basados en una documentación del estudio de baja calidad.

Las elevadas remuneraciones a los profesionales participantes y las clausulas restrictivas de confidencialidad que les imponen los laboratorios pueden influir sobre la fiabilidad de sus conclusiones, especialmente en el campo de los efectos adversos. Señalan los autores la baja calidad de estos estudios y la sospecha fundada de que, en su mayor parte, responden a operaciones de marketing disfrazadas de investigación científica. Reflexionemos un momento sobre el número de estudios de este tipo que se realizan en España y saquemos las oportunas conclusiones.



El autor concluye con esta sexta entrega, en la que habla sobre el ámbito profesional, su serie de opiniones sobre la corrupción sanitaria en España
Algunas de las posibles desviaciones hacia el campo de la corrupción del ejercicio profesional ya han sido abordadas en artículos anteriores. En este se centra la atención en aquellos aspectos del ejercicio profesional relativos a la interacción con los pacientes, en la que en diversos supuestos se pueden imbricar corrupción y ataques a los principios éticos que deben regir las actuaciones asistenciales y de investigación.

No son excepcionales entre nosotros los casos conocidos de conductas corruptas de profesionales que engañan deliberadamente a los enfermos asignándoles diagnósticos y realizándoles maniobras terapéuticas, sobre todo quirúrgicas, innecesarias o incluso perjudiciales con el objetivo de obtener un beneficio económico. También se han producido conductas corruptas por la utilización de instalaciones y materiales públicos con fines privados, tal como, por ejemplo, se ha denunciado sucedió recientemente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tampoco es rara la corrupción ligada a la percepción de remuneraciones por prescribir determinados medicamentos o instalar prótesis, bien a través de las empresas fabricantes o distribuidoras, así como por dirigir pacientes a determinados vendedores de materiales ortopédicos u oficinas de farmacia. También se han descrito casos de corrupción relacionados con engaños a compañías aseguradoras basados en la emisión por el profesional de certificaciones falsas sobre accidentes u otros tipos de problemas médicos.

Una parte significativa de las conductas profesionales corruptas hace referencia a la percepción de remuneraciones opacas e indebidas por la realización de estudios de investigación. Ya se comentó previamente el problema de los ensayos de fase IV en los que pueden concurrir conductas corruptas y transgresiones graves de la ética profesional.

La práctica de la dicotomía entre médicos es una conducta corrupta y está expresamente prohibida por el Código de Deontología Médica. Consiste en la percepción por el profesional de una comisión que le abona el colega al que remitió un paciente determinado. Es posible que en la actualidad haya disminuido esta práctica pero fue frecuente en diversas zonas del Estado, sobre todo en aquellas con una implantación más importante del ejercicio profesional privado.

La línea de separación entre corrupción y conductas que atentan contra la ética profesional es difusa en muchas ocasiones y no permite distinguir entre situaciones o actos profesionales incorrectos, sin lucro indebido presente, y aquellos en los que se suman los dos elementos. Tanto en un caso como en otro muchas de estas actuaciones lesionan gravemente principios esenciales del ejercicio profesional, entre los que podemos destacar en primer término el de no causar ningún perjuicio deliberado al paciente, serle leal y defender sus intereses por encima de cualquier otra consideración (artículo 5 del Código de Deontología Médica de la OMC, 2011).

El riesgo iatrogénico es inherente a la propia práctica profesional y debe ser objeto de atención preferente en todas las actuaciones sobre los pacientes. Dentro de este concepto se ubican aquellos errores médicos derivados de una asistencia incorrecta o incluso corrupta como en los casos de indicación de tratamientos innecesarios o que no responden a la imprescindible evidencia científica. También puede provocar perjuicios graves al paciente la utilización de pautas terapéuticas alternativas de efectividad no probada con o sin supresión simultánea de las que previamente venía siguiendo. 

No son precisamente raros los casos de médicos que practican medicinas alternativas y las utilizan para tratar procesos muy graves poniendo en riesgo la vida del paciente. Utilizar a sabiendas procedimientos inefectivos y recibir remuneraciones por los actos asistenciales relacionados, no solamente es una conducta clínica contraria a la ética profesional, sino que también puede ser considerada corrupta en la medida en que se obtiene un beneficio por actuaciones que ocasionan perjuicio al paciente. 

En los últimos tiempos se presta cada vez mayor atención a los problemas derivados de prácticas profesionales incorrectas que generan sobrediagnóstico y/o sobretratamiento de determinados tipos de procesos. Como consecuencia de ello, los pacientes son sometidos a pruebas diagnósticas y maniobras terapéuticas innecesarias que pueden causarles perjuicios para su salud y económicos. Los médicos y otros profesionales sanitarios que con sus conductas propician estas circunstancias incurren en mala praxis y, si obtienen beneficios económicos directos o indirectos con las mismas, podrían ser catalogados también como corruptos.

El consentimiento informado es una de las premisas documentales legalmente exigible en cualquier actuación médica. Cada vez son más frecuentes los procesos judiciales abiertos a entidades y profesionales por defectos graves en su obtención, bien por no haberlo solicitado o por hacerlo de forma incorrecta, sin explicar con claridad al paciente o sus familiares directos todas las circunstancias que pueden rodear una actuación sanitaria, lo que es causa de mala práctica profesional, excepto en casos de emergencia vital o de grave peligro para la salud pública.

A través del consentimiento, el paciente expresa su voluntad de aceptación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que va a ser sometido en el ámbito asistencial o como sujeto participante en un proyecto de investigación. Para ser válido ha de acreditarse que se ha informado al paciente de forma amplia y comprensible sobre los beneficios y posibles efectos adversos y riesgos de las intervenciones médicas.




Corrupción y uso de antibióticos entre las regiones de Europa

El objetivo de este artículo es investigar la asociación entre la corrupción y el uso de antibióticos a nivel sub-nacional. Se explora la correlación entre, por una parte, dos medidas de corrupción (prevalencia de la corrupción en el sector de la salud y prevalencia de sobornos en la sociedad) a nivel regional a partir del índice europeo de calidad de gobierno; y por otro lado, el consumo de antibióticos en esas regiones europeas a partir del Eurobarómetro Especial de 2009. En un modelo de regresión multivariante, se controlan los posibles factores de confusión: poder adquisitivo del producto interno bruto regional normalizado, habitantes por médico y tasas de mortalidad por todas las causas estandarizadas por edad. Se detecta una fuerte asociación positiva entre ambas medidas de corrupción (es decir, en el sector de la salud y en la sociedad en general) y el uso de antibióticos. Estos resultados respaldan hallazgos previos en la literatura que relaciona la corrupción con el uso de antibióticos a nivel transnacional. Se muestra que la corrupción parece explicar algunas de las notables variaciones en el consumo de antibióticos entre las regiones de Europa.

Noticia en El Confidencial

 

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