La sanidad no es inmune a la corrupción como atestigua el titular de la noticia de Diario Médico que acompaña esta entrada. Pero la cúpula política es sólo uno de los ámbitos en donde la corrupción se puede desarrollar. Amando Martín Zurro trató la corrupción en cada uno de estos ámbitos en una serie de seis artículos que publicó Diario Médico. Esta entrada recoge la seis entregas y da cuenta, además, de un trabajo de investigación que detecta una relación positiva entre el mayor consumo de antibióticos y la corrupción sanitaria (y la general) que explicaría parte de las variaciones en el consumo de antibióticos entre las regiones europeas.
El autor arranca con esta
entrega una serie de seis tribunas de opinión en las que repasará ejemplos que,
a su juicio, constituyen focos de posible corrupción en el sistema sanitario
nacional. Cúpula política, órganos de dirección y gestión, sociedades
científicas, industria farmacéutica y ejercicio profesional serán protagonistas
de su punto de vista en las próximas semanas.
La corrupción, en su
sentido más amplio, es un problema universal y tan antiguo como la misma
humanidad. Afecta a todos los ámbitos del quehacer social y, por tanto, también
al de la sanidad. Este artículo es el inicial de una serie en la que se
abordarán algunos de los elementos principales que caracterizan a la corrupción
sanitaria, con referencia especial a nuestro país, en distintos ámbitos: político,
dirección y gestión de centros y servicios, ejercicio profesional, sociedades
científicas e industrias y empresas farmacéuticas. Esta compartimentación no
deja de ser artificiosa en la medida en que, en muchas ocasiones, la corrupción
cruza simultánea y transversalmente varios de los ámbitos mencionados, pero
puede sernos de alguna utilidad para analizar los diferentes tipos de
comportamientos corruptos más frecuentes en cada uno de ellos así como sus
posibles causas y las medidas que se podrían arbitrar para prevenirlos o
abordarlos correctivamente.
Definición y tipos
Existen numerosas
definiciones de corrupción y corrupto. Para la primera vamos a utilizar la
establecida en el Diccionario de la Real Academia Española y que es del
siguiente tenor: "En las organizaciones, especialmente en las públicas,
práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Una aproximación
al concepto jurídicamente más correcta sería la que califica como corrupta toda
acción u omisión realizada por un actor público que incumpla las normas
jurídicas y viole las obligaciones del cargo, con abuso de posición y la
finalidad de obtener beneficios privados, personales o para un grupo.
Frecuentemente se habla
también del concepto de corrupción cultural y estructural y se suele entender
como tal aquella que está firmemente arraigada en las relaciones públicas y
privadas y que suele ser ejercida por grupos poderosos que incluso pueden
llegar a cambiar el marco legislativo en su beneficio, transformando en legales
actuaciones que no lo eran. La definición de corrupto se refiere a aquella
persona que realiza, se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar por
prácticas corruptas.
En el ámbito de la corrupción
general y sanitaria aparecen frecuentemente ligados a este epígrafe otros
conceptos con connotaciones éticas y jurídicas como los de prevaricación
(delito consistente en que una autoridad dicte a sabiendas una resolución
injusta), apropiación indebida (delito que comete el que toma posesión de un
bien que le ha sido confiado temporalmente), malversación (delito que comenten
los que sustraen, o consienten que un tercero lo haga, bienes públicos que
tienen a su cargo), robo o hurto.
Que España es un país en
el que la corrupción y los corruptos son "el pan nuestro de cada día"
parece no admitir discusión alguna. Solamente hay que mirar los medios de
comunicación y consultar las redes sociales. Nuestro país se sitúa en un puesto
de "honor" en las escalas mundiales de corrupción y en el informe de
2016 de Transparencia Internacional ocupa el lugar 41 sobre 167 estados,
concretamente entre Costa Rica y Georgia, siendo uno de los más corruptos de
Europa. Cuando este tipo de análisis se aplica comparativamente a las naciones
y regiones del estado español se observa que Cataluña lidera el ranking en
número de personas procesadas seguida por Andalucía y Madrid.
Andalucía es la que tiene
más procedimientos abiertos por corrupción, seguida de Valencia y Cataluña. No
me ha sido posible encontrar datos comparativos similares referidos a la
corrupción sanitaria en las distintas zonas de España. Si la corrupción general
es tan frecuente en España sería sorprendente por improbable que un sector
económico y de servicios tan importante como el sanitario estuviera libre de
este problema.
"Un pastel apetitoso"
La corrupción sanitaria,
como la general, genera importantes problemas para el funcionamiento efectivo y
eficiente de las instituciones, centros y servicios del sistema de salud y pone
en riesgo la utilización correcta del gran volumen de recursos presupuestarios.
Nadie puede poner en duda que nos encontramos ante un pastel bien
"apetitoso" para la actuación de grupos y personas que pretendan
utilizar en su provecho los bienes públicos. Los perjudicados más directos por
la corrupción son los ciudadanos y, sobre todo, los que tienen menor nivel
adquisitivo.
La corrupción no sale
gratis y ocasiona perjuicios graves tanto en el ámbito económico como en la
misma imagen que proyectan el sistema sanitario y sus profesionales y en la
consideración que le guarda la ciudadanía. Es la antítesis del necesario buen
gobierno de la sanidad. Esta relevancia del problema justifica ampliamente
reflexionar sobre las distintas formas de corrupción existentes en la sanidad a
partir de los casos conocidos públicamente que, mucho me temo, son solamente la
punta visible de un iceberg de considerables dimensiones contra el que puede
chocar con riesgo de hundirse el Titanic sanitario español.
El autor continúa con la serie sobre corrupción sanitaria,
adentrándose en el ámbito político y hablando de investigaciones e imputaciones
que llevan años salpicando la política sanitaria en España. A su juicio, la
corrupción estructural tiene en la política un sustento relevante.
Desde el comienzo del
siglo XXI la política sanitaria en España se diseña e implementa de forma
ampliamente descentralizada al estar traspasadas la gran mayoría de las competencias
en este campo a las nacionalidades y regiones del estado.
El gobierno central
mantiene atribuciones en el terreno de la sanidad exterior, coordinación
estratégica, productos farmacéuticos y formación. Los aspectos relativos a la
actividad asistencial forman parte de las competencias totalmente traspasadas a
las correspondientes consejerías de salud.
La corrupción en el ámbito
político se pone habitualmente en relación con los procesos de diseño y toma de
decisiones estratégicas y se centra en las figuras delictivas de prevaricación
y malversación, sin olvidar las actuaciones pasivas o permisivas: un lessez
faire, lessez passer que suele traducir la creencia, arraigada entre nosotros,
de la inevitabilidad de cierta corrupción estructural en la administración de
los recursos públicos.
Las imputaciones (ahora
investigaciones) de políticos sanitarios son numerosas y frecuentemente
relacionadas con irregularidades detectadas en los procesos de adjudicación de
obras de hospitales, centros de salud y la compra de tecnología y otros
materiales de uso asistencial.
Sin pretensiones de
exhaustividad señalaremos algunos de los casos más sonados: como el de las
obras del hospital mallorquín de Son Espases en el que están implicados el
expresidente Jaume Matas, la exconsejera Aina Castillo y el exdirector del
servicio balear de salud Sergio Beltrán.
La comunidad valenciana
acapara una parte importante de los casos de corrupción política sanitaria a
través del cobro de comisiones por la adjudicación de múltiples obras, sobre
todo a partir del año 2003. Los exconsejeros de sanidad valencianos Serafín
Castellano, Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado están imputados en
diversos procesos por financiación ilegal del Partido Popular y/o
irregularidades contractuales en el marco de la trama Gürtel, y Rafael Blasco
fue condenado por el caso cooperación cuando era consejero de solidaridad y
ciudadanía antes de serlo de sanidad.
También relacionada con la
trama Gürtel está la imputación como beneficiaria a título lucrativo de la
exministra de sanidad Ana Mato. En el caso de Madrid los problemas de
corrupción son de diversa naturaleza, desde adjudicaciones de obras y
contratación de suministros de materiales a construcciones de hospitales con
criterios de planificación sanitaria carentes de la pertinencia necesaria.
Los exconsejeros Manuel
Lamela y Juan José Güemes fueron imputados por las irregularidades detectadas
en el proceso de privatización hospitalaria de Madrid. En el País Vasco fue
imputado el exviceconsejero de sanidad Rafael Cerdán por irregularidades en la
contratación de servicios.
En Cataluña han surgido
casos importantes de corrupción pero hasta hoy no han afectado judicialmente a
la cúpula política; serán abordados cuando tratemos los producidos en el nivel
de dirección y gestión de instituciones, centros y servicios.
Los ejemplos anteriores
son indicativos de la importancia de la corrupción en los más altos niveles del
gobierno de la sanidad estatal y de las comunidades autónomas. Aunque una parte
significativa de las actuaciones dolosas se refieren a las adjudicaciones de
obras y servicios, también se observan otras, como en el caso de Madrid, que
afectan a una de las funciones primordiales de las consejerías de Sanidad como
es la planificación estratégica de centros y servicios y llegan hasta la propia
presidencia de la comunidad.
Son paradigmáticas e
inefables las repetidas declaraciones de Esperanza Aguirre intentando disculpar
su conducta, con incumplimiento de los deberes esenciales de una gobernante que
menospreció profundamente el cuidado de los bienes públicos y se rodeó de un
equipo de políticos que camparon por sus respetos generando conexiones
delictivas de la sanidad madrileña con distintas empresas y con tramas como
Gürtel y Púnica.
La corrupción en la cúpula
sanitaria agrava o potencia su carácter cultural y estructural en la medida
que, por su gran visibilidad, traslada al resto del sistema mensajes negativos
acerca de la ética y honestidad que deben regir las conductas de los máximos
responsables políticos.
La proliferación de esta
lacra dificulta aún más el hallazgo de soluciones a corto y medio plazo del
problema al propiciar que el conjunto del sistema sanitario se impregne
funcionalmente de esta cultura de la corrupción, minusvalorando sus
consecuencias y generando una conciencia laxa que dificulta su rechazo social
absoluto.
Cambiar los marcos
culturales es una tarea lenta y difícil y requiere la puesta en marcha de
acciones firmes y continuadas en el tiempo para prevenir y corregir las desviaciones
detectadas. Estas acciones han de tener su origen en los ámbitos políticos
representativos y, fundamentalmente, en el propio entramado social. Poco
esperanzados podremos estar en el hallazgo de soluciones efectivas al problema
si nuestros representantes políticos son también partícipes, por activa y por
pasiva, de esta corrupción estructural.
El autor continúa con esta tercera entrega la serie sobre
corrupción sanitaria, tras las consideraciones generales y un segundo capítulo
en torno a la cúpula política. En este caso, se adentra en la gestión
sanitaria.
Mientras que las figuras delictivas relacionadas más
frecuentemente con la corrupción sanitaria en las cúpulas políticas son las de
prevaricación y malversación, en el ámbito de la dirección y gestión adquieren
un mayor protagonismo las de apropiación indebida y robo. En este campo las
conductas dolosas por omisión, tipología frecuente en la estructura política,
ceden el protagonismo a otras más activas y dirigidas a la captación de bienes
y al enriquecimiento ilícito inmediato de quienes las practican.
La prestación pública de
asistencia en el sistema nacional de salud español se puede recibir en un
centro propio (de gestión pública) o concertado (público, semipúblico o
privado). En España, sobre todo tras la llegada de la democracia y las
propuestas del Informe Abril (1991) y los cambios legales que indujo, se ha ido
potenciando progresivamente la diversificación de la provisión de atención
sanitaria pública, aumentando el papel de la figura de la concertación de
servicios con entidades públicas, privadas o semipúblicas.
En teoría, la concertación
se ha de sustentar y justificar en los principios de complementariedad y subsidiariedad
que, traducidos a la práctica, significan que el sistema público que está
obligado a proporcionar determinadas prestaciones, al no disponer de los
recursos propios precisos para realizarlas, necesita contratarlas con otras
entidades bien de forma puntual o más prolongada en el tiempo.
Diferencias autonómicas
En España la concertación
de servicios sanitarios supone un porcentaje variable y significativo del
presupuesto sanitario situándose a la cabeza Cataluña, seguida a bastante
distancia por Madrid, Baleares y Canarias. También se han puesto en marcha
diversos modelos de colaboración público-privada para la financiación de la
construcción, gestión y mantenimiento de centros sanitarios, principalmente en
Madrid y Valencia.
Cataluña, Valencia, Madrid
y Baleares encabezan el ranking de las comunidades en las que se han conocido
más casos de corrupción ligados a directivos y gestores. Podemos citar algunos
que han tenido repercusión estatal como el escándalo de Innova (Reus), los de
Sagessa (Cambrils), Maresme (Mataró) y el del Hospital Moisés Broggi (Bajo
Llobregat), los de los hospitales de La Fe (Valencia) y de Castellón, los de
Puerto Real y Puerta del Mar (Cádiz) y el del Gómez Ulla de Madrid.
Es evidente que no se
puede establecer una relación directa o causal entre los casos de corrupción en
el campo de la dirección y gestión de centros y servicios y el tipo de relación
de propiedad y jurídico-contractual que mantienen con el sistema sanitario
público, pero no por ello deja de ser cierto que, al menos en lo que atañe a su
traducción en procesos judiciales, ha crecido proporcionalmente más la generada
en el contexto de la concertación de centros y servicios sanitarios privados y
semipúblicos.
La dependencia política de
los directores y gestores de instituciones públicas, centros y servicios
sanitarios facilita y potencia la conexión de la corrupción detectada en este
ámbito con la propia de la cúpula política. En nuestro país sigue siendo
válida, al menos en parte, la afirmación de tiempos de Cánovas y Sagasta de que
cuando cambia el gobierno los ceses llegan hasta los porteros de los
ministerios.
Falta de autocrítica política
Esta dependencia política
de los cargos directivos y de gestión abre una amplia vía de comunicación de
sus problemas de corrupción con los de la cúpula gubernamental generándose
colaboraciones delictivas importantes entre ambos niveles. Como síntoma de esta
situación se puede señalar la ausencia de reconocimiento y autocrítica de la
cúpula política cuando son detectados los problemas de corrupción. Todavía no
he visto a ningún consejero/a de sanidad que haga autocrítica y manifieste, a
través de medidas concretas, su compromiso con la lucha contra la corrupción.
Como máximo se limitan a realizar declaraciones genéricas sin traducción
operativa. La instauración de forma general de la profesionalización directiva
y, con ella, de la carrera de alta dirección puede contribuir a mejorar la
situación.
La separación estratégica y operativa de la financiación y
planificación sanitarias respecto a la gestión y prestación asistencial es uno
de los paradigmas nucleares instaurados en diversos sistemas sanitarios, como
el de Cataluña. Se asegura que si no se lesionan la accesibilidad, eficiencia,
gratuidad y calidad de la atención, a todos los actores implicados, incluida la
ciudadanía, les da lo mismo la titularidad y gestión pública o privada del
centro en que se realiza.
Es posible que esta
afirmación sea válida para la percepción del usuario individual pero es mucho
más discutible cuando hablamos de la población y de la coherencia de los
objetivos y prioridades del conjunto del sistema sanitario, sobre todo si la
gestación y prestación se realiza en el marco de entidades privadas con ánimo
de lucro, inexistente por definición en el sistema público.
El autor continúa con esta cuarta entrega la serie sobre
corrupción sanitaria, tras las consideraciones generales, un segundo capítulo
en torno a la cúpula política y un tercero sobre el ámbito de la gestión. En
esta ocasión, se adentra en el mundo de las sociedades científicas y lamenta
cierta manga ancha en torno a los intereses económicos que afectan a lo
sanitario.
En los medios de
comunicación profesionales se aborda con frecuencia el tema de las conductas
opacas y, en ocasiones, dolosas que sostienen diversas sociedades científicas
del ámbito sanitario. El punto de mira principal se suele centrar en la
financiación de la propia sociedad y de sus actividades estrella (congresos) a
través de la industria farmacéutica, pero este protagonismo no debe hacernos
olvidar otros campos en los que, con distintos niveles de intensidad y
gravedad, también se pueden generar actuaciones encuadrables en el ámbito de la
corrupción.
Sería falso e injusto
ubicar a todas las sociedades en el mismo nivel de prácticas ética y/o
legalmente incorrectas. Es ampliamente conocida la variabilidad de la
permisividad (manga ancha) que tienen las distintas entidades para admitir
determinados tipos de relaciones con empresas e instituciones que tienen
intereses económicos directos en el campo sanitario. También sería absurdo
negar la posibilidad de establecer cualquier tipo de relación con éstas cuando
se cumplan determinados principios o requisitos esenciales, entre los que
destacan la transparencia financiera y contractual, la independencia y la
ausencia de obligación de contraprestación de servicios.
Transparencia
Pero estas condiciones,
imprescindibles, no son suficientes, ya que no basta con exponer públicamente
cuentas y contratos. Es preciso que las conductas reales de las sociedades y
sus cúpulas directivas se ajusten en todo momento a la ética y a los principios
fundacionales de unas entidades sin ánimo de lucro. La transparencia societaria
sería equivalente a la declaración de conflicto de interés de los
investigadores individuales; es necesaria, pero no evita el juicio
correspondiente de acuerdo con la naturaleza y relevancia de los intereses
expuestos en relación a los objetivos y ámbito de determinada actuación o
trabajo científico.
El conflicto de intereses
no es intrínsecamente perverso ni indicativo de conducta dolosa, pero debe ser
conocido para formar parte de los elementos que ayudan a configurar la
valoración final. En el informe de Sespas El conflicto de intereses económicos
de las asociaciones profesionales sanitarias con la industria sanitaria, de
2011, se analiza en profundidad este tema. Habla de la importancia del problema
el dato de que la mitad de las páginas web de las 18 sociedades analizadas
contienen logos de la industria farmacéutica, mientras que en ninguna se expone
una declaración de conflicto de intereses.
Las posibilidades de incurrir en conductas corruptas en el ámbito
societario no se limita al campo económico, aunque en muchas ocasiones se trata
de actuaciones que tienen su origen o son consecuencia del mismo. Las
recomendaciones realizadas o avaladas por las sociedades científicas tienen una
gran influencia sobre los profesionales, que se ve potenciada si las mismas son
producto del "consenso" entre varias de ellas.
Estar más alerta
En los últimos tiempos
proliferan como hongos este tipo de actuaciones que, además, son objeto de
difusión simultánea a través de revistas científicas que dependen de dichas
sociedades. No se puede generalizar afirmando que todas o la mayor parte de
estas actuaciones respondan a intereses económicos ocultos y/o espurios, pero
es preciso estar alerta a la presencia entre bambalinas de inductores con
intereses comerciales en este campo. La connivencia y aval de determinadas
sociedades científicas a campañas publicitarias de la industria alimentaria no
es sólo corrupción económica, que lo es, sino que también traduce perversión en
las finalidades societarias en la medida en que el consumo de dichos productos
puede ser perjudicial (en todo caso no beneficioso) para mejorar la salud de
las personas.
Mucho me temo que los
responsables de las sociedades son conscientes de las posibles utilizaciones
posteriores que las empresas alimentarias van a hacer de los avales prestados
y, a pesar de ello, firman contratos que desprestigian a la institución.
Perjudican a los asociados, y al mismo tiempo, y es lo más importante, inducen
conductas insalubres.
Es hora de apuntar algunas
alternativas a la situación actual en la que la supervivencia económica de la
mayor parte de las de España es evidente que depende de aportaciones de
ingresos ajenos a las cuotas de los asociados y actividades propias, formativas
o de investigación. Las sociedades españolas están claramente
sobredimensionadas en complejidad y ámbitos de acción. Se diseñaron en épocas
de abundancia y laxitud ética incompatible con sus finalidades fundacionales y,
muy importante, con la realidad actual.
Este sobredimensionamiento
les obliga a destinar recursos considerables al mantenimiento de unas
estructuras complejas y costosas. Es preciso que todas las sociedades inicien
procesos de reconversión, dinámica que no se producirá por iniciativa propia y
por ello se hace necesario revisar el marco legislativo en que deben
desarrollar sus actividades. Esta responsabilidad recae en la esfera
gubernamental. Es preciso seguir insistiendo hasta lograr que la actuación de
las asociaciones se coloque lo más lejos de las garras de la corrupción.
Noticia en El Confidencial
El
autor continúa con esta quinta entrega la serie sobre corrupción sanitaria.
Tras las consideraciones generales, un segundo capítulo en torno a la cúpula
política, un tercero sobre el ámbito de la gestión y un cuarto capítulo
centrado en las sociedades científicas. En esta ocasión, la reflexión se
adentra en la actuación de la industria farmacéutica.
Si
estableciéramos nuestras conclusiones ateniéndonos exclusiva o principalmente a
la visión más difundida, y aceptada acríticamente, no dudaríamos en afirmar que
la industria farmacéutica es el "gran corruptor" en el ámbito sanitario.
Según datos de Farmaindustria, los principales laboratorios que operan en
España pagaron alrededor de 230 millones de euros en 2015 a médicos y
organizaciones sanitarias entre patrocinios, honorarios, colaboraciones, viajes
y manutención. Las firmas explican que la mitad va a proyectos de
investigación. Quedan más de 115 millones, una cifra a todas luces importante.
Al
hablar de industria farmacéutica y corrupción se centra el punto de mira en los
fabricantes de medicamentos y se suele dejar muy en segundo plano la existente
en el campo de la distribución y venta de medicamentos, desde las empresas
mayoristas a las oficinas de farmacia, con ramificaciones que pueden implicar a
médicos asistenciales y empresarios de centros sociosanitarios. A título de
ejemplo podemos citar los fraudes detectados en distribuidoras y farmacias de
Andalucía, Madrid, Galicia, Cataluña, Teruel, Castilla-La Mancha, La Rioja y
otras zonas del Estado, con desvío ilegal de medicamentos a la exportación.
Otra conducta irregular habitual en nuestras oficinas de farmacia es la venta
sin receta de medicamentos que la precisan. Es una infracción grave pero es
ampliamente practicada en España con el consentimiento más o menos implícito de
la Administración, que solamente de tanto en tanto inspecciona las farmacias.
Es posible que si se exigiera la receta en todos los casos en que se necesita
se induzca una mayor frecuentación de las consultas.
Las
relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios
delimitan uno de los focos de atención principales en el terreno de la
corrupción sanitaria. Estas relaciones que, cuando no son estrictamente éticas,
se engloban bajo la denominación popular de tarugeo, se traducen en aportaciones
económicas de los laboratorios a sociedades y profesionales individuales, bien
en efectivo o mediante la financiación de asistencias a congresos, comidas,
viajes o regalos de naturaleza e importe muy diversos. Es evidente que, en este
caso, el concepto corrupción hay que aplicarlo a las dos partes en juego, sin
olvidar que en muchos casos el laboratorio actúa a partir de una petición
expresa de financiación por parte de la sociedad o del profesional. En este
sentido, hay que señalar que en la actualidad algunas sociedades científicas ya
se niegan explícitamente a realizar actividades formativas o congresuales
propuestas por la industria y solamente admiten la posibilidad de patrocinio de
actuaciones previamente diseñadas en su totalidad por los comités científico y
organizador del congreso o curso.
En
la industria farmacéutica, como en otras grandes empresas, también se produce
el fenómeno conocido como puertas giratorias. Una revisión somera de los casos
acaecidos en los últimos años nos muestra que con cierta frecuencia directivos
del Ministerio o de las Consejerías pasan a ocupar cargos de responsabilidad en
la industria, en general tras el periodo de lavado que marca la legislación.
Madrid y Cataluña ostentan el liderazgo en este tipo de prácticas. El tránsito
no se realiza solamente en el sentido Administración-industria y existen
también casos de directivos que iniciaron su camino en la Administración
pasando a la industria para volver después a la primera. Una proporción
significativa de estos trasiegos se hace desde cargos relacionados con la
política de medicamentos.
Desde
2014 Farmaindustria cuenta con un código de buenas prácticas para regular las
relaciones de sus asociados con los profesionales sanitarios, código que si se
cumple correctamente ha de contribuir a mejorar la ética y eliminar o disminuir
significativamente la corrupción existente hoy.
Merece
una mención especial el tema de los ensayos clínicos y otros estudios de fase
III y IV financiados y/o patrocinados por la industria. Son numerosos los casos
publicados sobre prácticas irregulares o corruptas en las que toman parte
laboratorios, investigadores y publicaciones científicas. Un artículo publicado
en el British Medical Journal en febrero de este año sobre los estudios
poscomercialización de medicamentos realizados en Alemania en los tres últimos
años concluye que este tipo de estudios no mejoran el seguimiento de la
seguridad de los medicamentos, se realizan habitualmente con muestras de
pacientes demasiado pequeñas y están basados en una documentación del estudio
de baja calidad.
Las
elevadas remuneraciones a los profesionales participantes y las clausulas
restrictivas de confidencialidad que les imponen los laboratorios pueden
influir sobre la fiabilidad de sus conclusiones, especialmente en el campo de
los efectos adversos. Señalan los autores la baja calidad de estos estudios y
la sospecha fundada de que, en su mayor parte, responden a operaciones de
marketing disfrazadas de investigación científica. Reflexionemos un momento
sobre el número de estudios de este tipo que se realizan en España y saquemos
las oportunas conclusiones.
El
autor concluye con esta sexta entrega, en la que habla sobre el ámbito
profesional, su serie de opiniones sobre la corrupción sanitaria en España
Algunas
de las posibles desviaciones hacia el campo de la corrupción del ejercicio
profesional ya han sido abordadas en artículos anteriores. En este se centra la
atención en aquellos aspectos del ejercicio profesional relativos a la
interacción con los pacientes, en la que en diversos supuestos se pueden
imbricar corrupción y ataques a los principios éticos que deben regir las
actuaciones asistenciales y de investigación.
No
son excepcionales entre nosotros los casos conocidos de conductas corruptas de
profesionales que engañan deliberadamente a los enfermos asignándoles
diagnósticos y realizándoles maniobras terapéuticas, sobre todo quirúrgicas,
innecesarias o incluso perjudiciales con el objetivo de obtener un beneficio
económico. También se han producido conductas corruptas por la utilización de
instalaciones y materiales públicos con fines privados, tal como, por ejemplo,
se ha denunciado sucedió recientemente en el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. Tampoco es rara la corrupción ligada a la percepción de remuneraciones
por prescribir determinados medicamentos o instalar prótesis, bien a través de
las empresas fabricantes o distribuidoras, así como por dirigir pacientes a
determinados vendedores de materiales ortopédicos u oficinas de farmacia.
También se han descrito casos de corrupción relacionados con engaños a
compañías aseguradoras basados en la emisión por el profesional de
certificaciones falsas sobre accidentes u otros tipos de problemas médicos.
Una
parte significativa de las conductas profesionales corruptas hace referencia a
la percepción de remuneraciones opacas e indebidas por la realización de
estudios de investigación. Ya se comentó previamente el problema de los ensayos
de fase IV en los que pueden concurrir conductas corruptas y transgresiones
graves de la ética profesional.
La
práctica de la dicotomía entre médicos es una conducta corrupta y está
expresamente prohibida por el Código de Deontología Médica. Consiste en la
percepción por el profesional de una comisión que le abona el colega al que
remitió un paciente determinado. Es posible que en la actualidad haya
disminuido esta práctica pero fue frecuente en diversas zonas del Estado, sobre
todo en aquellas con una implantación más importante del ejercicio profesional
privado.
La
línea de separación entre corrupción y conductas que atentan contra la ética
profesional es difusa en muchas ocasiones y no permite distinguir entre
situaciones o actos profesionales incorrectos, sin lucro indebido presente, y
aquellos en los que se suman los dos elementos. Tanto en un caso como en otro
muchas de estas actuaciones lesionan gravemente principios esenciales del
ejercicio profesional, entre los que podemos destacar en primer término el de
no causar ningún perjuicio deliberado al paciente, serle leal y defender sus
intereses por encima de cualquier otra consideración (artículo 5 del Código de
Deontología Médica de la OMC, 2011).
El
riesgo iatrogénico es inherente a la propia práctica profesional y debe ser
objeto de atención preferente en todas las actuaciones sobre los pacientes.
Dentro de este concepto se ubican aquellos errores médicos derivados de una
asistencia incorrecta o incluso corrupta como en los casos de indicación de
tratamientos innecesarios o que no responden a la imprescindible evidencia
científica. También puede provocar perjuicios graves al paciente la utilización
de pautas terapéuticas alternativas de efectividad no probada con o sin
supresión simultánea de las que previamente venía siguiendo.
No
son precisamente
raros los casos de médicos que practican medicinas alternativas y las utilizan
para tratar procesos muy graves poniendo en riesgo la vida del paciente.
Utilizar a sabiendas procedimientos inefectivos y recibir remuneraciones por
los actos asistenciales relacionados, no solamente es una conducta clínica
contraria a la ética profesional, sino que también puede ser considerada corrupta
en la medida en que se obtiene un beneficio por actuaciones que ocasionan
perjuicio al paciente.
En los últimos
tiempos se presta cada vez mayor atención a los problemas derivados de
prácticas profesionales incorrectas que generan sobrediagnóstico y/o
sobretratamiento de determinados tipos de procesos. Como consecuencia de ello,
los pacientes son sometidos a pruebas diagnósticas y maniobras terapéuticas
innecesarias que pueden causarles perjuicios para su salud y económicos. Los
médicos y otros profesionales sanitarios que con sus conductas propician estas
circunstancias incurren en mala praxis y, si obtienen beneficios económicos
directos o indirectos con las mismas, podrían ser catalogados también como
corruptos.
El
consentimiento informado es una de las premisas documentales legalmente
exigible en cualquier actuación médica. Cada vez son más frecuentes los
procesos judiciales abiertos a entidades y profesionales por defectos graves en
su obtención, bien por no haberlo solicitado o por hacerlo de forma incorrecta,
sin explicar con claridad al paciente o sus familiares directos todas las
circunstancias que pueden rodear una actuación sanitaria, lo que es causa de
mala práctica profesional, excepto en casos de emergencia vital o de grave
peligro para la salud pública.
A
través del consentimiento, el paciente expresa su voluntad de aceptación de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que va a ser sometido en el
ámbito asistencial o como sujeto participante en un proyecto de investigación.
Para ser válido ha de acreditarse que se ha informado al paciente de forma
amplia y comprensible sobre los beneficios y posibles efectos adversos y
riesgos de las intervenciones médicas.
Corrupción y uso de antibióticos entre las regiones de
Europa
El objetivo de este artículo es investigar la asociación entre la corrupción y el uso de antibióticos a nivel sub-nacional. Se explora
la correlación entre, por una parte, dos medidas de corrupción
(prevalencia de la corrupción en el sector de la salud y prevalencia de
sobornos en la sociedad) a nivel regional a partir del índice europeo de
calidad de gobierno; y por otro lado, el consumo de antibióticos en esas regiones europeas a partir del Eurobarómetro Especial de 2009. En
un modelo de regresión multivariante, se controlan los posibles factores
de confusión: poder adquisitivo del producto interno bruto regional
normalizado, habitantes por médico y tasas de mortalidad por todas las
causas estandarizadas por edad. Se detecta una fuerte asociación positiva entre ambas medidas de
corrupción (es decir, en el sector de la salud y en la sociedad en
general) y el uso de antibióticos. Estos
resultados respaldan hallazgos previos en la literatura que relaciona
la corrupción con el uso de antibióticos a nivel transnacional. Se muestra
que la corrupción parece explicar algunas de las notables variaciones en el consumo de antibióticos entre las regiones de Europa.
Noticia en El Confidencial
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