Política sanitaria ruin y miserable hasta el último minuto de legislatura.

El Consejo de Ministros celebrado el viernes 23 de octubre, tan sólo tres días antes de que el presidente Rajoy firmara la disolución del parlamento y convocase elecciones generales, acordó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3-2015, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria pública en la Comunidad Valenciana en vigor desde el 29 de julio pasado. La razón esgrimida por el Gobierno del PP para recurrir el Decreto valenciano fue la extralimitación competencial del Consell pues, según el Gobierno del PP, sólo al Gobierno de España le corresponde decidir sobre quién tiene o no derecho en España al acceso a la sanidad pública. Pero el Gobierno de España, todavía del PP, se equivoca...

 

Desde la noche de los tiempos, algunas CCAA han regulado el aseguramiento sanitario público, ampliando el derecho, dentro de su jurisdicción para aquellas personas sin derecho en un intento de universalizar de forma efectiva la atención sanitaria, algunas mediante contraprestación económica (Cataluña, Navarra) y otras sin ella (Andalucía, Extremadura). La ampliación del derecho siempre se circunscribió al ámbito territorial de la CCAA y nunca fue exportable ni al resto del territorio nacional ni, mucho menos, a la Unión Europea. 

 

Debido a esto, siempre se han dado paradojas como esta: se ha podido dar el caso particular de que se reconociera el derecho a la asistencia sanitaria pública del SNS en una determinada CCAA a una persona a la que el INSS no se lo reconocía o, más aún, no se lo reconocía otra CCAA. Afortunadamente, estas situaciones no son habituales pero constituyen el ridículo exponente de las contradicciones que encierra la «maraña legislativa» que intenta regular el derecho de acceso a la sanidad pública en España.

 

Hace pocas semanas el ministro Alonso presentaba una propuesta a las CCAA para ver cómo se ponían de acuerdo para dar asistencia sanitaria a quienes su antecesora en el cargo excluyó en la primavera de 2012 mediante el RD-Ley 16/2012. Es decir, siguiendo la línea typical spanish de la chapuza, Alonso quería que todas las CCAA se pusieran de acuerdo para desobedecer una norma con rango de Ley (el RD-Ley 16/2012).

 

Al Ministro Alonso de Sanidad del PP le preocupaba que los inmigrantes ilegales exportaran su derecho a la sanidad pública española a otros países miembros de la UE o a aquellos con los que mantenemos convenios de reciprocidad en la atención sanitaria pública, pues eso facilitaba la utilización perversa de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

 

El Decreto valenciano cumple con los requisitos del Ministro Alonso del PP de impedir la exportación del derecho fuera del territorio nacional español.

No sólo eso, como ha ocurrido siempre que una CCAA ha tomado la iniciativa a este respecto, tampoco exporta el derecho a ninguna otra Comunidad Autónoma. Se puede decir que el Decreto valenciano de extensión de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles excluidos por el RD-Ley 16/2012 del PP, es de una redacción impecable, y se cuida muy mucho de no meterse donde no le toca. Por ejemplo, deja claro que “A las personas que se puedan acoger a las condiciones de acceso al sistema valenciano de salud establecidas por este decreto ley no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiaria del sistema nacional de salud” (Art. 1.2). Lo cual significa que nunca podrán exportar su derecho fuera de la Comunidad Autónoma Valenciana ni, por supuesto, a la Unión Europea. Es decir, nunca podrán obtener del INSS el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria del SNS en todo el ámbito nacional ni, consecuentemente, el derecho a disponer de la TSE. El Decreto valenciano insiste en la cuestión: “La atención sanitaria se prestará exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, por tanto, no genera derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a la Generalitat fuera de la misma.” (Art. 2.2). La única cuestión que podría preocupar al Ministro Alonso de Sanidad del PP es el asunto de la tarjeta sanitaria. En la Comunidad Valenciana la Tarjeta Individual Sanitaria (la que te da derecho a ser atendido por la sanidad pública valenciana) se llama SIP (Sistema de Información Poblacional). El artículo 8 del Decreto valenciano deja claro que: “Para su identificación personal y acceso al sistema valenciano de salud, las personas comprendidas en el objeto de este decreto ley dispondrán de un documento de asistencia sanitaria SIP. Este documento solo será válido en la Comunitat Valenciana.”

 

 

Política sanitaria ruin hasta el final

Acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso lo que significa que se suspende la vigencia y la aplicación del Decreto valenciano (vigente desde el pasado 30 de julio). Miles de personas, se estima que unas 30.000, quedan jurídicamente desamparadas, nuevamente excluidas de la sanidad pública, por la interposición de este recurso del Gobierno del PP, la consecuencia de una política sanitaria ruin, mezquina, indigna y miserable desarrollada hasta el último minuto de legislatura.